El juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este jueves el cierre de un centro de acogida de menores inmigrantes en Arinaga, en el sureste de Gran Canaria, donde residían 148 menores tutelados. Esta medida se enmarca en la ampliación de una investigación judicial sobre los recursos gestionados por la asociación Quórum Social 77 para el Gobierno de Canarias, según han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico.
La investigación, declarada secreta, se deriva del caso que llevó en mayo al cierre del centro Fortaleza I, también gestionado por la misma asociación en el municipio de Santa Brígida, y donde residían 45 menores. En aquella ocasión, la clausura respondió a denuncias por presuntos malos tratos que podrían constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la integridad moral y amenazas.
Operación con registros y detenciones
En el marco de esta nueva fase de la operación, la Policía Canaria ha detenido a dos personas relacionadas con Quórum Social 77. La actuación policial ha incluido seis entradas y registros, dos de ellos en centros de acogida situados en Arinaga y Firgas, detallaron las mismas fuentes a EFE.
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, que presentó la denuncia ante la Fiscalía hace varios meses, ha recibido hasta el momento instrucciones judiciales para clausurar solo el centro José García de Arinaga, donde se alojaban 148 menores. Ya se está trabajando en alternativas para reubicar a los menores afectados, añadieron.
Otro de los registros policiales se está llevando a cabo en la sede principal de Quórum Social 77 en Las Palmas de Gran Canaria.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ya explicó en mayo que su departamento había remitido a la Fiscalía testimonios de menores del centro Fortaleza I que relataban “malos tratos e insultos racistas”, además de informes médicos elaborados por los pediatras que los atendieron.
Entonces, Delgado señaló que no le constaba que los responsables de Quórum Social 77 conocieran lo que estaba ocurriendo en el centro de Santa Brígida. No obstante, las nuevas diligencias judiciales parecen apuntar en otra dirección.
Ni la Policía Canaria ni la Consejería han hecho públicos los nombres de los detenidos, pero según informa Canarias 7, se trataría de la presidenta de la asociación, Delia G., y el director de centros, Enrique Q.
“Los delitos investigados son de mucha gravedad”
Desde La Palma, donde participa en una reunión del Observatorio del Roque de los Muchachos, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su “máxima preocupación” por lo ocurrido. Clavijo ha recordado que el Archipiélago tutela actualmente a unos 5.500 menores extranjeros no acompañados, lo que, a su juicio, dificulta el control sobre todos los recursos disponibles.
“Con tantos menores y durante tanto tiempo, es difícil que los controles sirvan”, ha afirmado. Además, ha insistido en que “llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto”.
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