Las inmobiliarias piden a los caseros que suban los precios de sus alquileres: “Les dije que no quería que me volvieran a llamar”

Aunque parezca ciencia ficción, todavía quedan muchos caseros que prefieren arrendar su segundo apartamento situado en plena capital por mucho menos de 1.000 euros. Y es que, mientras el mercado del alquiler continúa tensionado en España (especialmente en las grandes ciudades) algunos propietarios optan por mantener unas rentas muy muy por debajo del precio de mercado. Sin embargo, estas decisiones, por muy loables que parezcan, son anecdóticas y sin impacto real. O eso es lo que argumenta el sector inmobiliario en muchas ocasiones para animar a los propietarios a actualizar sus rentas y aprovechar la demanda creciente. Esto mismo le ha ocurrido a María Fernández, una madrileña de 62 años, desempleada, que lleva más de dos décadas alquilando el mismo piso a la misma persona por 650 euros mensuales.

Y es que, a pesar de que ella había hablado con su inmobiliaria para acordar el precio en 600 euros al mes, obtuvo una sorpresa cuando "fuimos a firmar el contrato que la inmobiliaria había negociado" con el inquilino. Al parecer, la empresa había apalabrado previamente con el futuro habitante de la vivienda en que tendría que pagar 650 euros, es decir, 50 más de lo que para María era lo adecuado. “Desde entonces es la renta que está pagando”, ha asegurado para 20 Minutos. La vivienda, ubicada en el barrio de Pinar del Rey, tiene 50 metros cuadrados y dos habitaciones. Pero hoy, un piso similar se alquilaría por unos 875 euros, según Idealista.

Bajo el punto de vista de María era simple: “Yo estaba pagando una hipoteca y me parecía suficiente. No quería sacar ningún beneficio. Consideraba que era el esfuerzo que tenía que hacer cualquier familia, igual que lo hacía yo para pagar mi hipoteca”, ha explicado. Por lo que, a pesar de que el mercado se ha disparado, ha decidido no subir la renta. “Me llamaba anualmente la agencia para saber si pensaba seguirles renovando, que ellos se ocupaban y que los precios habían subido”, ha agregado. Así, “la última llamada fue el año pasado y me dijeron si pensaba echarlo porque me vendían que había muchísima demanda; les dije que no quería que me volvieran a llamar”. Tampoco se ha planteado vender el piso: “Esto va a ser, si Dios quiere, herencia para mis hijos. Esa es mi visión de futuro”. Y es que no quiere que “se tengan que pelear ni con bancos, ni con esta especulación, ni con nada. Que lo disfruten ellos”.

“Se echa en falta es que no existe vivienda pública de alquiler”

Analizando el mercado, desde el Gobierno se han hecho llamamientos a la moderación en los precios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió en septiembre pasado “solidaridad” a los caseros, una apelación que no tuvo grandes efectos. En una línea parecida, el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, animó a los caseros católicos a “estar dispuestos a aceptar quizás un nivel de renta menor que suponga así una justa retribución por el dinero invertido, pero que no se someta a las reglas coyunturales (...) que suponen para otros una barrera casi imposible para poder llevar una vida digna”.

Pese a estos discursos, los precios han seguido subiendo. Para Ferran Font, director de estudios del portal Pisos.com, la responsabilidad no debe recaer en los caseros individuales. “Creo que es algo testimonial y pedirlo creo que es trasladar un poco la responsabilidad de la situación actual al propietario", ha afirmado. De esta forma, “si hay algunas personas que quieren hacerlo, pues fantástico, nosotros no lo estamos viendo y tampoco estamos viendo que tenga influencia en el mercado”, ha agregado. En su opinión, “el foco no hay que ponerlo en el propietario, sino que probablemente lo que se echa en falta es que no existe vivienda pública de alquiler”.

Por su parte, Javier Gil, investigador del CSIC, coincide en que estas decisiones, aunque bienintencionadas, no son suficientes. “El mercado está controlado principalmente por multiarrendadores”, ha comentado. Y matiza que el concepto de pequeño propietario se utiliza de forma ambigua. “En todos los casos, lo que vemos es que casi todos los caseros de todos los tamaños están subiendo los precios y llevan haciéndolo años, por lo tanto, habría que regular al margen del tamaño”, ha añadido.

“Veo mucho interés por ganar lo máximo posible a costa de la gente joven y que está empezando”

Así, los casos como el de Ana, orientadora de 57 años, refuerzan esta visión. Tiene un piso de 90 metros cuadrados en el barrio de Niño Jesús (Madrid) que alquila por 650 euros. En el mercado, se alquilaría por más de 2.000 euros. “El piso es de mi madre y un sobrino político mío necesitaba casa. Total, que se lo alquilamos a él un poquito más barato porque era un chico joven y yo le convencí a mis hermanos y a mi madre”, ha informado.

Para ella, también hay un componente ético en la decisión: “Lo alquilamos a ese precio porque vive mi hija y porque yo entiendo que en la medida de lo posible, si no hay una necesidad”, no hay que “ser especialmente avaricioso”. Y es que, como ha podido ser testigo, “lo que veo es mucho interés por la gente por ganar lo máximo posible a costa de la gente joven y que está empezando”.

Por otro lado, Aitana S., trabajadora del sector cultural de 35 años, vive una situación similar. Alquiló su antiguo piso en Legazpi por 650 euros a un amigo. En ese momento, miró “el alquiler que tenía mi vecina, porque puso su piso en Idealista y son pisos iguales, y lo tenía en 1.050 euros al mes", ha asegurado. Sin embargo, en su caso “no quería alquilarlo para sacar rédito de nada, sino que era un piso que se iba a quedar vacío y prefería que viviera un amigo mío ahí y que me diera para cubrir los mínimos gastos que me generaba el piso”. De este modo, ha aclarado que “mantendría el mismo precio”, en caso de que no viviese su amigo, porque “no estoy nada de acuerdo con sacar rédito de los pisos”.