
Tan solo un tercio de los ciudadanos en España considera que frenar la inmigración haría al país “más fuerte”, según el último informe anual de Ipsos sobre populismo, que sitúa a la sociedad española como una de las más tolerantes de Europa en esta cuestión.
Los resultados del estudio, basado en encuestas realizadas en 31 países, reflejan cómo el clima social en España difiere notoriamente del de otros países europeos, donde el rechazo a la llegada de extranjeros presenta cifras considerablemente más elevadas. La respuesta a cuestiones sobre la inmigración revela una mayor apertura en la opinión pública española en comparación con territorios como Hungría (48%), Alemania (45%) o Italia (40%), donde la población relaciona el freno migratorio con el fortalecimiento nacional.
Mientras tanto, el dato español se queda en el 33% (uno de cada tres), posicionándose como el valor más bajo de la región estudiada. Únicamente los simpatizantes de VOX se aproximan a los niveles de escepticismo predominantes en Europa Central, con un 71% que considera que reducir la inmigración reforzaría al país, frente al 39 % del PP, el 26% del PSOE y el 10% entre los votantes de Sumar.
Identidad nacional y tolerancia
El informe constata que en España la definición de la identidad nacional se apoya mayoritariamente en criterios de mérito personal, esfuerzo propio y respeto a la igualdad, más que en factores identitarios cerrados como la religión o el lugar de origen. Un 86% de los encuestados sostiene que “salir adelante con el propio esfuerzo” representa el rasgo fundamental de lo que significa ser un “español de verdad”. Prácticamente en la misma proporción, el 85% elige el trato igualitario hacia todas las personas como seña de identidad, seguido del uso compartido de la lengua común con un 84%.

A diferencia de países del centro y este europeo, como Hungría o Polonia, en la sociedad española los elementos tradicionalistas y excluyentes figuran entre las últimas prioridades al definir la pertenencia nacional. Solo seis de cada diez consideran relevante defender a España frente a críticas, y el lugar de nacimiento cobra importancia para el 57%. La religión, específicamente el ser cristiano, resulta decisiva únicamente para una cuarta parte de los encuestados, siendo esta una posición más común entre votantes de derechas.
Este enfoque basado en valores cívicos se mantiene incluso respecto a la percepción de los efectos de la inmigración sobre el mercado laboral. Menos de un tercio de los españoles atribuye a los extranjeros el riesgo de perder su empleo. En este ámbito, únicamente los electores de VOX manifiestan una mayoría clara de preocupación, con un 56 % que lo considera una amenaza, en contraste con los porcentajes mucho más bajos en el resto del espectro político.
Polarización social
Al margen del debate migratorio, el estudio pone el foco en una creciente sensación de desencanto e insatisfacción hacia las instituciones y el funcionamiento de la democracia representativa en España. El 72% de la sociedad expresa que siente a los partidos políticos y sus líderes alejados de sus realidades y necesidades, una percepción que, además, ha crecido considerablemente en el último año.
Se detecta, además, un sólido consenso en torno a la existencia de una casta privilegiada y una economía que favorece a los grupos más ricos. El 74% considera que en España existe una élite ajena a la gente común, una brecha cuya percepción aumentó en los últimos doce meses. A esta fractura social se suma el escepticismo sobre el funcionamiento justo de la economía nacional, ya que el 64% interpreta que el sistema está manipulado en beneficio de los poderosos.
La encuesta revela una sociedad dividida entre el deseo de soluciones autoritarias y el impulso de mecanismos participativos. Un 33% valora positivamente la adopción de liderazgos fuertes capaces de desafiar el orden político establecido, al tiempo que el 65% respalda fórmulas de democracia directa, como los referéndums, tendencia que también se observa en otras naciones europeas como Francia e Italia.
En lo económico, el informe constata que la mayoría de la población rechaza aumentar los impuestos para financiar servicios públicos adicionales, aunque reclama mayor inversión en áreas específicas. Los votantes de izquierda priorizan la sanidad, la educación, la creación de empleo y la protección social, mientras que los de derechas prefieren destinar recursos a la seguridad ciudadana, el desarrollo de infraestructuras y la defensa. La distribución de estas prioridades pone de manifiesto la coexistencia de consenso social y disparidad ideológica en un país que, según el estudio, sigue apostando mayoritariamente por la convivencia y la inclusión.
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