Más de 340 moderadores de contenido en Barcelona demandan a Meta por daños psicológicos

Un total de 344 exempleados de la empresa CCC Barcelona Digital Services, subcontratada por Meta para moderar el contenido de sus plataformas, han presentado demandas ante los juzgados de lo Social de Barcelona en las que reclaman indemnizaciones de hasta 100.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos durante su trabajo.

Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado la agencia EFE a través de fuentes jurídicas, las demandas se han interpuesto contra varias entidades: CCC, su matriz Telus Communications (que adquirió CCC en 2020), Meta Platforms Ireland Limited (filial europea de Meta con sede en Dublín) y Facebook Spain S.L. (la filial con sede en Madrid responsable del negocio publicitario). Las reclamaciones están siendo coordinadas por el despacho Bastet Advocats, que representa a más de la mitad de los afectados.

El abogado del bufete, Robert Castro, ha señalado a La Vanguardia que se trata de una acción judicial “sin precedentes en Europa hacia Meta por este tipo de daños morales y psicológicos”, y ha adelantado que se espera alcanzar el medio millar de demandas a lo largo de septiembre. “Cuando ya han exprimido al máximo a sus trabajadores en empresas subcontratadas, las cierran para abrir nuevas en otros países y hacer lo mismo”, ha afirmado Castro.

Contenido extremo sin protección suficiente

Los trabajadores afectados ejercían funciones de moderación de contenido, es decir, revisaban manualmente publicaciones que podían vulnerar las normas de uso de plataformas como Facebook e Instagram. En su jornada laboral, cada moderador debía revisar entre 350 y 450 publicaciones diarias, muchas de ellas con material altamente perturbador, como suicidios, violencia extrema, abusos sexuales a menores, torturas animales y decapitaciones, según detalla La Vanguardia.

La exposición constante a este tipo de contenido ha provocado, según las demandas, efectos graves en la salud mental de muchos de los empleados: ansiedad severa, insomnio, pesadillas, hipervigilancia, trastorno de estrés postraumático e incluso pensamientos suicidas. En varios casos, los afectados han requerido hospitalización o ingreso psiquiátrico. Las demandas reclaman indemnizaciones en concepto de daños ocasionados en su “integridad moral y en su salud psíquica y emocional”.

A pesar de la dureza del trabajo, los moderadores denuncian que el apoyo psicológico ofrecido por la empresa era completamente insuficiente. Tal como explica Robert Castro, los servicios de bienestar de CCC se limitaban a “hacerte pintar mandalas”, en referencia a técnicas de relajación que se ofrecían en sesiones de 45 minutos sin seguimiento clínico real. Algunos trabajadores también mencionan que se les mostraban “vídeos de gatitos” como método para aliviar el estrés, según la información publicada por La Vanguardia.

Meta, señalada como empleador real

Aunque los trabajadores estaban contratados formalmente por CCC, las demandas sostienen que Meta era el verdadero empleador material, ya que era la compañía que establecía los criterios de productividad, supervisaba el rendimiento y dictaba los algoritmos y protocolos de trabajo. Esta relación de control directo es uno de los pilares jurídicos sobre los que se sustenta la ofensiva judicial.

En abril de este año, CCC cerró sus oficinas en Barcelona tras finalizar su contrato con Meta, lo que supuso el despido de más de 2.000 empleados. Los demandantes sostienen que esta maniobra forma parte de una estrategia habitual de Meta para externalizar la responsabilidad laboral y trasladar el trabajo a otras sedes en el extranjero, una vez agotado el personal de la subcontrata.

Un precedente europeo

La batalla legal ya tiene fechas marcadas en el calendario: los primeros juicios comenzarán en septiembre de 2025, aunque algunos procedimientos tienen vista señalada incluso para octubre de 2027, según han confirmado las partes implicadas.

Este caso podría sentar un precedente en Europa. En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoció como accidente laboral el trastorno mental de un moderador contratado también por CCC, y la empresa fue condenada a pagar una indemnización de 40.000 euros.

Además, en 2020, Meta fue condenada en Estados Unidos a pagar 52 millones de dólares a más de 11.000 moderadores tras una demanda colectiva presentada en California. Sin embargo, según Robert Castro, la dimensión colectiva de las demandas en Barcelona representa una acción judicial sin precedentes en Europa.

Con este nuevo aluvión de demandas, se abre un debate urgente sobre la regulación de los riesgos psicosociales en el entorno digital, donde los trabajadores expuestos a contenidos extremos aún carecen de una protección legal efectiva. Tal y como denuncia Castro, el sistema actual “no protege a los trabajadores digitales”, y deja sin respuesta a quienes padecen secuelas mentales a cambio de sostener el funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas.