Vecinos de Lavapiés en Madrid presentan la primera querella colectiva por acoso inmobiliario contra un fondo buitre: “El miedo ha cambiado de bando”

Cada vez son más las comunidades de vecinos que ante las prácticas abusivas de los fondos buitre deciden unirse para plantarles cara. Es el caso de los inquilinos del número 7 de la calle Tribulete en Madrid, en el barrio de Lavapiés, que han recurrido a la vía judicial para presentar la primera querella colectiva en España por acoso inmobiliario y coacciones contra el fondo Elix Rental Housing Socimi II, pues llevan viviendo bajo la amenaza de desahucio desde que la empresa compró el edificio en marzo de 2024. A lo largo de este tiempo, las obras, los ruidos, las coacciones y amenazas para que abandonen sus hogares han sido constantes, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, a pesar de que pagan sus alquileres.

“Desde que en noviembre del año pasado se iniciaron las obras, se han producido varios episodios de mobbing inmobiliario para intentar que los vecinos abandonen sus viviendas lo antes posible, de forma que la policía y los bomberos han tenido que intervenir en más de cuatro ocasiones", señala el sindicato, que indica que el objetivo de presentar la querella es “intentar detener esta escalada descontrolada de especulación inmobiliaria que está expulsando a los vecinos de sus casas”. “El miedo ha cambiado de bando”, añaden.

Esta querella, explica el sindicato, “supone todo un avance, porque es la primera colectiva que se interpone en esta tipología”, por lo que puede “sentar un precedente de cara al futuro”. “No se trata solamente de una ofensiva judicial, sino que se enmarca en un proceso de desobediencia civil más amplio a través del cual las inquilinas han decidido permanecer en sus casas pese a la finalización de sus contratos. Refuerza esta estrategia sindical de ‘nos quedamos’, que es la principal herramienta que a día de hoy tienen las vecinas cuando sus caseros quieren aplicarles una subida abusiva o directamente no les renuevan el contrato de alquiler”, indica la organización a Infobae España.

De hecho, no renovar los contratos de alquiler o aumentar los precios de forma significativa cuando finalizan suelen ser algunas de las prácticas más comunes que utilizan los fondos buitre para desalojar a los inquilinos, además de realizar obras y reformas que dificultan la vida diaria de los residentes. En otras ocasiones, estas empresas también reducen o eliminan servicios básicos de mantenimiento y reparación, amenazan con demandas judiciales, proponen acuerdos económicos para que los vecinos abandonen voluntariamente sus viviendas o incrementan el control sobre los espacios comunes.

Se trata de estrategias de desalojo que también están sufriendo en el mismo barrio de Lavapiés los vecinos de los bloques ubicados en Mesón de Paredes 88, General Lacy 22, San Ildefonso 20, Buenavista 25 y Zurita 22, donde también viven con miedo a que les expulsen. Y es que este barrio, al igual que otras zonas del centro de la capital atraviesa un proceso de gentrificación marcado por la llegada de inversores, la transformación del comercio local y el encarecimiento de la vivienda. En los últimos años, tanto empresas inmobiliarias como fondos de inversión han adquirido numerosos edificios y esa tendencia ha impulsado la apertura de negocios orientados a un público con mayor poder adquisitivo, en detrimento de los comercios tradicionales y la población residente, que se ve obligada a marcharse a otras zonas.