El combate de la funcionaria despedida por alquilar su casa en Airbnb: “Estoy en mi derecho”

En 2023, Delphine Bachelard fue despedida de su puesto como funcionaria en la Caja de Seguro de Enfermedad (CPAM) de Le Puy-en-Velay, en la región francesa de Alto Loira. El motivo: alquilar parte de su vivienda en plataformas como Airbnb y Booking, una práctica legal, pero que su empleador consideró incompatible con su cargo en el sector público, al amparo de la ley sobre la no acumulación de actividades. Delphine, que ha trabajado 17 años en la institución, denuncia ahora un despido “desproporcionado” y libra una batalla judicial para reclamar justicia, como ha recogido France 3.

“Alquilar tu casa: todo el mundo lo hace, ¿no?”, se pregunta Delphine, quien junto a su esposo había comenzado a ofrecer alojamiento turístico en su residencia en 2013. “Llevo 17 años trabajando en el CPAM y no vi ninguna razón para informar a mi empleador sobre esta actividad. Para mí, eran ingresos por alquiler privado, y todo el mundo lo hace, ¿no?”, argumenta. Además, la mujer ha añadido que se trataba de “una gestión del patrimonio familiar, un pequeño complemento para financiar las reformas de nuestra casa”.

“Me negué a ceder. Siempre he respetado las normas”

La situación se tensó cuando, a pesar de trabajar a tiempo parcial (80 %), la dirección de la CPAM le pidió que pasara a jornada completa. Fue entonces cuando recibió una notificación formal: “Me dijeron que tenía que dejarlo en ocho días. Ni siquiera entendía por qué. Es un negocio de alquiler de muebles no profesional, es legal y todo está en regla”, recuerda. Pero lejos de ceder, Delphine decidió defender su postura: “Me negué a ceder. Siempre he respetado las normas”.

De esta manera, el 31 de mayo de 2023 llegó la carta de despido. Fue acusada de “acumulación no autorizada de actividades”. Al día siguiente, ya no tenía trabajo. “El 1 de junio, tuve que quedarme en casa. De un día para otro, perdí mi trabajo”, ha expresado. Asimismo, ha explicado que “fue como si hubiera robado algo, como si hubiera hecho algo horrible. Fue extremadamente brutal. Ni siquiera pude despedirme de mis compañeros”, relata.

El Consejo Disciplinario Interno, consultado durante el proceso, emitió un dictamen desfavorable al despido, señalando que no existía ni perjuicio ni incumplimiento evidente. Pese a ello, la dirección optó por cesarla alegando “mala conducta” al descubrir la actividad de alquiler. Pero, “¿cómo pueden despedirte solo por tener ingresos por alquiler privado?”, se pregunta Delphine, que insiste en que no se trataba de un negocio profesional ni había recibido advertencias previas. “Nadie me explicó que existía una norma que prohibía alquilar una propiedad de forma privada, ni, sobre todo, por qué eso sería un problema. No es como si hubiera creado un negocio de alquiler”, afirma.

Para reafirmar su postura, su abogado, Maître Triolaire, añade: “Es una actividad que no requiere inscripción en el registro mercantil, es simplemente un ingreso privado por alquiler”. No obstante, las consecuencias fueron inmediatas: “Después de 17 años en la organización, perdí mi puesto y, de repente, tuve que buscar uno nuevo”, insiste Delphine. Afortunadamente, ha conseguido un nuevo empleo a tiempo completo en la SNCF, la empresa ferroviaria pública de Francia, también sujeta a las normas sobre pluriempleo. Pero, a diferencia del CPAM, su nuevo empleador le permite seguir con la actividad de alquiler. “No hay problema, estoy en mi derecho. Quiero que la gente sepa que en 2025 se puede despedir a empleados del sector público simplemente por obtener ingresos por alquiler. Esto supone una verdadera amenaza para la libertad privada de los empleados”, denuncia.

Por eso, en el jucio Bachelard reclama una indemnización de 60.000 euros por los daños morales y económicos sufridos, y mantiene su litigio con el Estado. “Necesito que se haga justicia, que mi antiguo empleador comprenda que actuó de forma desproporcionada. Quiero que la gente sepa que este tipo de despido le puede pasar a cualquiera”, ha explicado. Sin emabrgo, el tribunal laboral ha confirmado en primera instancia la legalidad del despido. Por lo que Delphine ha presentado un recurso y se prepara para una larga batalla judicial. El caso podría sentar precedente sobre los límites de la actividad privada para los empleados públicos en Francia.