Un francés que vive en Barcelona deja en herencia un piso en París y una cuenta bancaria en España: cómo se organiza un testamento internacional

Hacer un testamento y gestionar una herencia siempre es complicado, pero la dificultad se multiplica cuando el fallecido ha vivido en varios países y ha dejado bienes y propiedades en todos ellos. El despacho de abogados Omega Avocats pone el siguiente ejemplo: cuando fallece un francés que residía en Barcelona, dejando un piso en París y una cuenta bancaria en España, ¿qué ocurre? ¿Qué ley sobre las herencias hay que aplicar? Este tipo de situación plantea varios desafíos y preguntas acerca de cómo organizar un testamento internacional.

El primer paso en la gestión de una sucesión internacional se inicia comúnmente determinando qué ley se aplicará a la herencia. Según el Reglamento Europeo N° 650/2012, vigente en la Unión Europea con la excepción de Dinamarca e Irlanda, la ley aplicable a una sucesión es la del país de residencia habitual del difunto en el momento de su fallecimiento. Esto significa que, para un francés que vivía en Barcelona al morir, la normativa española regiría la sucesión.

No obstante, existe la posibilidad de que una persona elija en su testamento que su ley nacional sea la que rija su sucesión, en lugar de la del lugar donde residía. Esto se debe a la flexibilidad introducida por el mismo Reglamento Europeo, específicamente en su artículo 22, que permite a los ciudadanos optar por la ley de su nacionalidad. Así, este individuo podría prever que su herencia sea gestionada conforme a la legislación francesa.

Pero la organización de una sucesión internacional no solo implica determinar qué ley se aplicará, sino también manejar los procedimientos administrativos que pueden ser necesarios en los diferentes países donde se encuentran los bienes. En la práctica, será necesario abrir un procedimiento local en cada país donde exista un bien inmueble. Cada jurisdicción exige diferentes trámites específicos. Sin embargo, el Reglamento Europeo de Sucesiones facilita estos procesos a través del Certificado Sucesorio Europeo (CSE). Este documento permite a los herederos acreditar sus derechos en todos los países de la UE, evitando la necesidad de procedimientos separados en cada nación. Un notario o un tribunal expide este certificado, reduciendo así la multiplicidad de trámites y agilizando el reconocimiento de derechos hereditarios en toda la Unión Europea.

Validez de los testamentos en diferentes países

Otro de los aspectos más complejos de una sucesión internacional es garantizar la validez del testamento en las distintas jurisdicciones. Un testamento realizado en un país puede no ser automáticamente válido en otro, ya que necesita cumplir con las formalidades legales de cada jurisdicción. Esto implica que, por ejemplo, un testamento francés pueda requerir ajustes o documentación adicional para ser ejecutado conforme a la ley española, y viceversa.

El Convenio de La Haya sobre la Ley Aplicable a las Formas de las Disposiciones Testamentarias de 1961 busca facilitar este proceso asegurando que los testamentos redactados en un país signatario sean reconocidos en otros países que también sean parte del Convenio. Esto incluye necesidades como traducción oficial y apostilla de los documentos para validar su uso en el extranjero.

El dilema fiscal

Finalmente, las herencias internacionales enfrentan desafíos fiscales importantes. La principal preocupación es la doble imposición: un impuesto de sucesión podría exigirse tanto en el país del fallecido como en aquel donde se encuentren los bienes o residan los herederos. Para mitigar estos problemas, numerosos países tienen acuerdos bilaterales de doble imposición que permiten que los impuestos pagados en un país sean acreditados en otro.

Por ejemplo, si los herederos de un francés con propiedades en España deben pagar impuestos en ambos países, los tratados fiscales pueden permitir que los pagos realizados en España se deduzcan de las obligaciones fiscales en Francia. Este tipo de coordinación fiscal es vital para evitar cargas fiscales duplicadas que podrían reducir el valor de la herencia sustancialmente.

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