El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con los votos del Partido Popular, una serie de enmiendas a la proposición de ley que pretendía modificar la actual Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. La iniciativa, impulsada por el PSOE, incluía una disposición específica para permitir la disolución de asociaciones que realicen apología del franquismo, en cumplimiento del mandato de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, los cambios introducidos por el PP eliminan esa posibilidad y centran el foco en la persecución del enaltecimiento del terrorismo.
La reforma, tal como fue concebida por el PSOE, tenía por objeto adaptar la normativa de asociaciones a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022. Esta disposición ordena al legislador modificar la ley vigente para incluir entre las causas de disolución la exaltación del golpe de Estado de 1936, de la dictadura o de sus dirigentes, cuando estas acciones supongan humillación a las víctimas o incitación al odio.
Cambios introducidos por el PP
Durante su paso por la Cámara Alta, el Partido Popular ha suprimido el artículo que recogía la posibilidad de disolver asociaciones por hacer apología del franquismo. A cambio, ha introducido una nueva redacción que pone el acento en aquellas asociaciones que exalten o justifiquen el terrorismo, en particular los actos cometidos por ETA, o que puedan suponer una humillación para las víctimas.
En palabras del grupo parlamentario popular, “no se puede permitir que haya asociaciones que desde su actividad pública alaben actos terroristas y mancillen la memoria de quienes sufrieron la violencia”. En esta línea, su propuesta recoge como causa de disolución el “enaltecimiento del terrorismo” o cualquier manifestación que suponga “menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo”.
El texto aprobado por el Senado no es definitivo. La reforma volverá al Congreso de los Diputados, que tiene la última palabra sobre las enmiendas introducidas. En esa votación, el PSOE podría recuperar la redacción original si cuenta con los apoyos suficientes de sus socios parlamentarios.
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