El 28 de junio cambia la forma en la que sacamos dinero del cajero: así es cómo los bancos tendrán que adaptarse a la nueva normativa

El próximo 28 de junio entra en vigor la obligación legal de adaptar todos los cajeros automáticos a la nueva Ley 11/2023, que transpone al marco español los requisitos europeos de accesibilidad para productos y servicios. A partir de ese momento, tanto los nuevos cajeros que se instalen como los ya existentes deberán cumplir estrictas normas que buscan garantizar la plena igualdad a la hora de realizar operaciones cotidianas como sacar efectivo.

Esta nueva legislación trata de eliminar para siempre los obstáculos a los que se enfrentan miles de ciudadanos con discapacidad visual, física o intelectual. Según el Ministerio de Derechos Sociales, la adaptación de los cajeros supone avanzar en autonomía y reducir la discriminación en la vida diaria.

¿Qué exige la nueva normativa?

A partir del 28 de junio, las principales novedades pasan por pantallas con texto e iconos de mayor tamaño y de alto contraste, audioguías e instrucciones por voz, y menús rediseñados para facilitar la navegación.

Las nuevas interfaces táctiles, los botones con relieve e intuitivos o la posibilidad de enchufar auriculares convertirán los cajeros en herramientas sencillas para los usuarios con discapacidad, pero también para las personas mayores y quienes se sienten menos familiarizados con la tecnología en general.

Las mejoras no se reducen a los dispositivos. Los bancos deben formar a sus empleados para atender a la diversidad funcional, aprender a detectar necesidades y acompañar de forma proactiva a quienes requieran ayuda en la adaptación a los nuevos sistemas. Este cambio, tal y como han subrayado diversas entidades en sus comunicados, marcará la diferencia para que nadie se quede fuera del sistema financiero por motivos de accesibilidad.

Una transición escalonada según la antigüedad de los cajeros

La adaptación a la Ley 11/2023 será progresiva. Las nuevas máquinas que se pongan en servicio a partir del 28 de junio deberán ser accesibles desde el primer día. En el caso de los cajeros antiguos, podrán seguir funcionando hasta un máximo de 10 años, siempre que hayan sido instalados antes de la fecha límite. Todos los dispositivos en uso deberán cumplir la normativa antes del 29 de junio de 2030.

Este calendario busca minimizar el impacto financiero para las entidades (actualmente hay alrededor de 47.000 cajeros en España y el coste de la adaptación oscila entre 1.500 y 3.000 euros por unidad) y facilitar una transición ordenada. Durante los próximos años, los clientes irán encontrando cada vez más terminales plenamente adaptados.

Mapas interactivos para identificar un cajero accesible

La implementación de la norma implica que las entidades deben informar de manera clara a los usuarios sobre qué cajeros están ya adaptados y cuáles no. Algunas entidades están incorporando en sus webs y apps mapas interactivos para localizar los cajeros accesibles. Los clientes pueden, además, solicitar demostraciones o pedir asistencia personalizada en las oficinas.

El Ministerio de Derechos Sociales subraya que la medida responde a compromisos internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030.

Beneficios para toda la ciudadanía

Aunque el cambio responde a una necesidad concreta, su impacto será positivo para todos los usuarios. Como destacan en asociaciones de mayores y consumidores, una pantalla más grande, mejor contraste o menús claros facilitan también las gestiones a las personas mayores o con menor destreza digital.

Banca digital inclusiva

El esfuerzo de adaptación de los cajeros es solo la primera etapa de una estrategia más amplia de digitalización inclusiva. Las mejoras llegarán progresivamente a aplicaciones móviles, webs y canales de atención al cliente, incluyendo videollamadas asistidas.

Este movimiento legal y tecnológico supone un giro radical en la atención bancaria, que sigue así el ritmo de otros servicios como el comercio electrónico, el transporte o los suministros básicos, que se encuentran igualmente bajo la obligación legal de eliminar barreras.