Gabriel Burgard, alcalde de la pequeña comuna de Wihr-au-Val, en el Alto Rin, en la región de Alsacia ha decidido llevar a cabo una iniciativa con el fin de cambiar el rumbo del derecho local de los cultos en Francia. Para él no es adecuada en estos tiempos la legislación actual, ya que obliga a los ayuntamientos a proporcionar alojamiento gratuito a los sacerdotes.
En lugar de mantener la tradición, el alcalde propone reformarla y rechaza la idea de que el municipio tenga que seguir pagando los costes del alojamiento del sacerdote. Burgard, quien ha sido incidido sobre el tema, explica que su postura no cuestiona el derecho local en sí, sino que busca adaptarlo a la realidad que se vive en la actualidad.
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“No estoy poniendo en duda el derecho local de los cultos, lo que quiero es mostrar con este ejemplo que ya no es adecuado para la situación legal y la realidad que vivimos hoy”, afirmó en una entrevista con France 3 Grand Est. Según su opinión al respecto, el municipio ya no tiene la obligación de alojar gratuitamente al sacerdote en el presbiterio, ya que el servicio que prestan los sacerdotes ha cambiado en los últimos años.
Un enfrentamiento legal con consecuencias económicas
El conflicto ha surgido porque el sacerdote de la comuna Wihr-au-Val fue trasladado allí recientemente, pero la alcaldía se ha opuesto a permitirle que ocupe el presbiterio municipal sin ningún coste, precisamente como estipula la legislación, donde se defiende que los sacerdotes están exentos de pago. El actual inquilino del edificio sigue residiendo allí bajo un contrato precario, y el alcalde se niega a desahuciarlo para dejarle el espacio al nuevo sacerdote.
El servicio religioso en este territorio ha disminuido de manera muy notable. Actualmente solo se celebran cuatro misas por trimestre, según informa France 3 Grand Est. Anteriormente, la actividad religiosa era mucho más frecuente, por ello, el alcalde considera que este cambio justifica que la medida de proporcionar vivienda gratuita ya no sea esencial. La diócesis no ha tardado en contestar.
La diócesis de Estrasburgo responde
Joseph Joly, vicecanciller de la diócesis de Estrasburgo, ha defendido la legalidad de la situación, afirmando que el municipio está obligado a cumplir con las medidas tradicionales. “Desde el punto de vista del derecho, no tiene opción”, declaró Joly a France 3 Grand Est, añadiendo que la legislación vigente sigue siendo destinada a los ayuntamientos.
Este enfrentamiento no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas para la región francesa. El alquiler del presbiterio genera actualmente unos 8.000 euros al año, siendo una fuente de ingresos importante para un municipio pequeño. Además, el alcalde subraya que el ayuntamiento no va a desalojar al actual inquilino.
De momento, existen diferentes posturas entre los habitantes de la pequeña región y la diócesis. Mientras el alcalde exige pruebas del traslado del sacerdote, la diócesis ha recurrido para hacer valer sus derechos y obtener una resolución en su favor.
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