La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha “celebrado” la declaración de A Coruña como zona de mercado tensionado de vivienda y que la Xunta de Galicia “haya aceptado la demanda de la alcaldesa”, al contrario de lo que han hecho otras autonomías gobernadas por el Partido Popular. Rodríguez espera que “cunda el ejemplo de Galicia y que el resto de comunidades gobernadas por el PP asuman que están en la obligación de atender a alcaldes y alcaldesas que quieren dar todo lo posible a sus conciudadanos para resolver este problema”. Incidió en que “estando los instrumentos, no se entiende que no sean atendidos”.
En su visita a una promoción de vivienda asequible en Pamplona, Isabel Rodríguez ha explicado que con el grave incremento de precios de la vivienda es inexplicable que las comunidades no actúen: “Es preocupante que existiendo estos crecimientos exponenciales de los precios, haya administraciones públicas que no se den por aludidas”. A su juicio, “si grave es el incremento, más grave es que no se quiera atender para dar respuestas eficaces como las que ya están encima de la mesa”.
En este sentido, la ministra aludió a Madrid: “No se entiende que la comunidad autónoma donde más caro es acceder a una vivienda, véase Madrid, no se tome ninguna medida y se insista en que la respuesta debe ser el libre mercado y el dejar hacer, que se está comiendo los salarios de las familias y expulsando a los madrileños de sus ciudades y de sus barrios”. Ha defendido que “para resolver el problema de la vivienda la colaboración entre administraciones no es optativa, es imprescindible e irrenunciable”, ya que “solo así estamos en condiciones de responder a la ciudadanía y de resolver este problema”.
Ley de vivienda
La ministra ha recordado que la ley de vivienda, que recientemente ha cumplido dos años, “ha recibido distintos recursos de inconstitucionalidad”. Una norma, ha explicado, que “venía a reforzar la capacidad de la Administración General del Estado en una competencia que, anómalamente, sin haber dado cumplimiento a una ley básica, que es lo que mandataba la Constitución, habían ido asumiendo comunidades autónomas”.
Ha destacado que las primeras resoluciones del Constitucional reconocen la importancia de la implicación de la Administración General del Estado en materia de vivienda: “De forma íntegra hemos de intervenir para abordar la igualdad entre españoles. De manera que estamos obligados a ello, se reconoce nuestra competencia”, ha subrayado.
Promoción de Azpilagaña
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha visitado junto a la vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, una promoción de 32 viviendas destinadas al alquiler social para personas mayores de 60 años y personas con discapacidad. Las obras han sido cofinanciadas por el Gobierno de España en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible.
Esta promoción se encuentra ubicada en el barrio de Azpilagaña y consta de dos plantas bajas y nueve plantas superiores, con zonas comunes como sala de estar y comedor, además de locales municipales como una jubiloteca y una asociación vecinal. De los 4.500 metros cuadrados construidos, 3.000 se destinan a vivienda (30 apartamentos de 68 metros cuadrados y 2 de 52) y 1.500 metros cuadrados a espacios comunes.
El diseño de la edificación tiene un enfoque sostenible, utilizando exclusivamente energías renovables para climatización y agua caliente sanitaria. Dispone de paneles fotovoltaicos e híbridos que generan electricidad y calor para reducir los consumos energéticos comunes, “garantizando el confort y eficiencia”, señalan desde el Ministerio de Vivienda. Además, la construcción se ha realizado con técnicas industrializadas.
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