El nombre de David Sánchez lleva meses resonando entre los titulares de los medios de comunicación. El hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que se le conoce artísticamente como David Azagra -es músico- se sentará en el banquillo tras la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que anunció ayer que le enviará a juicio acusado de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Junto a él, también el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas relacionadas con irregularidades en la creación y adjudicación de una plaza para el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Bajadoz.
En 2017, David Sánchez fue contratado por este órgano como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música. Tiempo después, esta plaza fue modificada y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la jueza instructora, La jueza considera que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”.
El 30 de junio de 2017, el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, autorizó la contratación de Sánchez como personal de alta dirección. Esto le permitió acceder a un salario superior al de otros puestos similares. Sin embargo, según la acusación, una vez contratado, no ejerció las funciones propias del cargo, como por ejemplo, no acudir a su lugar de trabajo y que, cuando lo hacía, sus tareas estaban vinculadas más a sus proyectos personales, como el desarrollo de la iniciativa “Ópera Joven”, que a la gestión y coordinación de las actividades de los conservatorios de música.
Qué es el tráfico de influencias
Este jueves, la jueza abrió juicio oral contra Sánchez por, entre otros, tráfico de influencias, que está regulado en los artículos del 428 a 430 del Código Penal. Según la Real Academia Española, lo comete quien, aprovechándose de su posición, induce a una autoridad o funcionario a adoptar una decisión que favorece a sí mismo o a un tercero. Esto implica utilizar el poder o las relaciones personales para presionar a un responsable público con el fin de obtener ventajas de manera injusta.
En este caso, la jueza considera que la contratación de David Sánchez pudo haberse visto favorecida por su vínculo familiar con el actual presidente del Gobierno, que para entonces en 2017 era secretario general del PSOE.
El Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multas y suspensión para ejercer cargos públicos o contratar con el sector público. También se sanciona a quienes ofrezcan o acepten sobornos relacionados con estas conductas, y a las empresas responsables con multas. Además, los funcionarios implicados pueden ser inhabilitados para cargos públicos y para presentarse a elecciones durante varios años.
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