Cuando vivir sin luz es tu día a día desde hace cuatro años: “En la Cañada Real se vive sobreviviendo. Ninguna administración asume responsabilidades”

Mientras millones de personas experimentaron el lunes, por unas horas, qué supone vivir sin suministro eléctrico, para los vecinos y vecinas de la Cañada Real en Madrid fue un día más que se suma a los cuatro años y medio que llevan viviendo sin luz. En este “barrio en construcción”, como prefieren denominarlo sus habitantes, ubicado a tan solo 14 kilómetros del centro de la capital, saben perfectamente cómo se vive sin poder encender la calefacción en una noche con temperaturas gélidas o el aire acondicionado cuando el mercurio supera los 40 grados. En este barrio se han acostumbrado a la luz de las velas para leer o estudiar y temen enfrentarse a un quinto verano sin electricidad.

“Este es nuestro día a día, especialmente en el sector 6. Para nosotras el lunes no hubo diferencia. La oscuridad, el frío, las velas, las linternas, las dificultades para lo más básico... esa es nuestra normalidad desde 2020. Aquí se vive sobreviviendo”, dice a Infobae España Houda Akrikez, mediadora intercultural y una de las líderes vecinales de la Cañada Real.

Son los sectores 5 y 6 de la Cañada Real —en los que viven unas 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores de edad— los que más sufren los cortes de luz, por lo que cada acción cotidiana “se convierte en un reto”, desde cocinar o estudiar hasta ducharse o conservar alimentos. “Los niños hacen los deberes con velas o linternas, las madres calientan el agua en bombonas de gas y las familias dependen de pequeños paneles solares que no cubren ni lo básico. Pero más allá de lo material, lo más duro es el impacto emocional: vivir así cada día te va quitando fuerzas, te hace sentir olvidada, como si no importaras”, asegura la fundadora de la Asociación Tabadol y madre de tres hijas pequeñas.

Fue en octubre de 2020 cuando Naturgy, la empresa distribuidora de la luz en esta zona, cortó el suministro eléctrico, alegando que existían numerosas conexiones ilegales para suministrar a edificaciones y actividades ilícitas como el cultivo de marihuana. Sin embargo, desde la Plataforma Cívica Luz Ya para la Cañada Real han explicado en numerosas ocasiones que “esa excusa no se sostiene”, porque, de ser así, “ya se habría resuelto procesando a los responsables”. Además, explican, son muchos los vecinos y vecinas que quieren tener un contrato legal y pagar por los servicios.

“Falta voluntad política”

Houda lamenta la “falta de voluntad política” para solucionar el problema y recuerda que llevan más de cuatro años luchando, “reclamando soluciones, proponiendo alternativas, abriendo espacios de diálogo, pero las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras”. “Nadie asume el compromiso de garantizar este derecho fundamental. La realidad es que, si se quisiera, como se quiso el lunes cuando toda España se quedó a oscuras, ya se habría solucionado. Falta voluntad, compromiso y respeto hacia nuestras vidas”, añade.

Por ello, los vecinos y vecinas de la Cañada Real reclaman que se restablezca el suministro eléctrico “de manera inmediata y urgente”, como ocurrió el lunes en el resto del país, y que puedan tener derecho a firmar contratos de suministro eléctrico “como cualquier ciudadano” para poder regularizar su situación. También piden un “verdadero trabajo conjunto con la Administración”, donde “se les escuche, respete y se busquen soluciones dignas”. “No queremos parches ni promesas vacías: queremos vivir con la dignidad que cualquier persona merece”, añade la activista.

El lunes, recuerda, “la vida se paralizó en cuestión de horas”, por lo que reclama al Gobierno central liderado por Pedro Sánchez que “mueva ficha”, si bien también lanza un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “¿Podrá entendernos a partir de ahora, entender a nuestros hijos e hijas, entender nuestra situación, que ha sido provocada e intencionada para desalojarnos?”, se pregunta.

Y es que otro de los motivos que explican que el servicio eléctrico siga sin reanudarse en esta zona, según la plataforma cívica, se debe al proyecto de desarrollo del sureste de Madrid, que incluye la construcción de cinco nuevos barrios que “alojarán a medio millón de personas y que tendrían de vecinos a la Cañada Real”. “Hay unos claros intereses urbanísticos por parte de los políticos de la Comunidad de Madrid para desalojar la Cañada Real, no porque se vaya a construir sobre ese terreno, sino porque no quieren construir cerca de un barrio tan estigmatizado”, añade la plataforma.

Los cortes de luz en este barrio, que comenzó a construirse en 1978, también incumplen lo acordado en el Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, que fue firmado en 2017 por todos los partidos políticos presentes en la Asamblea de Madrid y en los plenos de los ayuntamientos de la capital, Coslada y Rivas con el objetivo de “dignificar el lugar” mientras se llegaba a un acuerdo.

Condena del Consejo de Europa a España

Debido a los cortes de luz en la Cañada Real, el pasado 27 de febrero España recibió un nuevo tirón de orejas del Comité Europeo de Derechos Sociales, que condenó al Estado por vulnerar al menos diez derechos de la Carta Social Europea, que establece unos derechos y libertades y reclama a todas las administraciones una solución “urgente” para los residentes de la zona. El órgano que depende del Consejo de Europa considera en la resolución que cuando los Estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas no pueden “subcontratar” sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas y, por lo tanto, “garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado”. Además, añade, cuando una persona tiene acceso “irregular o nulo” a la energía durante un período prolongado, se encuentra su situación de “pobreza energética”.

Houda concluye que el apagón masivo del lunes sirve para recordar que “en pleno siglo XXI todavía hay barrios en España donde vivir sin electricidad es la norma diaria”, por lo que destaca la necesidad de “proteger lo público y defender que el acceso a la energía es un derecho humano básico y no un privilegio”.