El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Presidencia del Gobierno que aporte la relación de puestos de trabajo de los empleados y asesores que operan en el Palacio de la Moncloa. Esta solicitud se enmarca dentro de la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo profesional, todo relacionado con posibles irregularidades en la Cátedra de Transformación Social Competitiva que impartió en la Universidad Complutense.
Como señala el documento al que ha tenido acceso Infobae España, el juzgado acuerda: “Requerir a Presidencia del Gobierno a fin de que aporte la Relación de Puestos de Trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa”.
Además, se ha exigido a la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad la entrega, en un plazo de 10 días, de los expedientes relacionados con inscripciones registrales vinculadas a dicha cátedra. En concreto, se le pide que “remita copia testimoniada de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral (de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc.) en relación con la Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva”.
Otro punto destacado de la providencia es el requerimiento de documentación a Juan Carlos Doadrio Villarejo, exvicerrector de Planificación de la Universidad Complutense de Madrid, quien se comprometió en su declaración anterior a aportar documentación relevante sobre la cátedra en cuestión. Se le ha concedido un plazo de cinco días para cumplir con esta obligación.
Entre las personas investigadas, se encuentran, además de Begoña Gómez, Joaquín Goyache Goñi —rector de la Universidad Complutense de Madrid—, el empresario Juan Carlos Barrabés y Juan José Güemes Barrios, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School.
El caso cuenta con las acusaciones populares de varias organizaciones de extrema derecha, como la Asociación HazteOir, el Movimiento de Regeneración Política de España, el Partido VOX, el Sindicato Manos Limpias e IUSTITIA EUROPA.
En el contexto de estas diligencias, el juez ha decidido no proceder, por el momento, con una solicitud específica para la UCO.
Información bancaria
Este es el último paso en el caso de Begoña Gómez, quien este lunes volvió a criticar al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por pedirle información detallada sobre las cuentas bancarias, así como los números de cuenta, afirmando que la
solicitud incumple los principios de protección de datos personales. Además, la defensa de la mujer de Pedro Sánchez tachó de “errónea” tanto la identificación de las cuentas en las que es titular como el saldo de las mismas. “Aparecen cuentas que no son en la actualidad titularidad de la misma y, sobre todo, es errónea en cuanto a los saldos”, dice el texto al que tuvo acceso Infobae España y que firma su letrado, Antonio Camacho Vizcaíno.
El pasado 3 de diciembre el juez Juan Carlos Peinado recibió del Punto Neutro Judicial —red que recopila a los órganos judiciales datos necesarios en la tramitación judicial— una lista “incompleta” con 11 cuentas bancarias en las que figuraba Gómez con un saldo total de 40,25 euros.
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