El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, ha abierto un expediente disciplinario por “falta muy grave” a un agente al que acusan de haber consultado en bases de datos policiales la matrícula de uno de los vehículos en el que se fugó el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tras su reaparición en Barcelona el pasado 7 de agosto, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
El guardia civil expedientado, destinado en la Comandancia de Badajoz, está siendo investigado por consultar en las bases de datos la matrícula del coche modelo Honda HRV de color blanco en el que se señaló que Puigdemont pudo huir para no ser detenido por los Mossos d’Esquadra en virtud de la orden de busca y captura activada por el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Los datos de la citada matrícula fueron publicados por los medios de comunicación después de que los Mossos activasen una operación Jaula para arrestar al político prófugo.
Desde AUGC señalan que “esta medida resulta desproporcionada, especialmente al tratarse de un representante de nuestra asociación, a quien pretenden sancionar con la mayor de las sanciones, que incluso podría costarle la expulsión de la Guardia Civil”. Y es que el agente expedientado es, además, representante de la asociación en la provincia de Badajoz.
De confirmarse la sanción, los comportamientos calificados como “muy graves” suelen conllevar la suspensión de empleo y sueldo entre seis meses y seis años, mientras que las graves van desde cinco días a tres meses, además de la posible pérdida de destino.
AUGC denuncia que con este expediente el Ministerio del Interior “pueda estar cediendo a las demandas del independentismo catalán, utilizando la institución de la Guardia Civil como herramienta para satisfacer intereses políticos”. Sobre la calificación de los hechos como “falta muy grave”, la ven “desmesurada y difícil de justificar bajo criterios objetivos”.
La asociación ha criticado de forma continuada la utilización y el “abuso” de las sanciones disciplinarias como mecanismo de “represión” contra los guardias civiles por parte de la Administración. “Este nuevo caso”, subrayan, “evidencia una vez más la urgente necesidad de revisar el uso de la Ley Disciplinaria y garantizar que su aplicación sea justa, objetiva y acorde con los principios de un Estado de Derecho”.
Fuga de Puigdemont
Tras reaparecer en un acto público en el Arc de Triomf de Barcelona, Puigdemont, junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, subieron al citado coche y se fueron a un piso para preparar una supuesta intervención del expresident en el Parlament catalán, donde ese día se celebraba la sesión de investidura de Salvador Illa, según reveló el propio Turull. Pero ante el “despliegue” para practicar la detención de Puigdemont, “al mediodía” decidieron ir a otro inmueble más alejado para después intentar, de nuevo, abandonar el país sin responder ante la justicia.
Según el relato de Turull, esperaron hasta las 20:00 horas, unas cinco horas después de que los Mossos levantasen la operación Jaula que habían desplegado, para iniciar el viaje de vuelta a Bélgica. Una vez en territorio francés, Puigdemont se despidió del secretario general de Junts y siguió su camino hasta Waterloo sin realizar ninguna parada.
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