El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha citado a declarar en calidad de investigado a David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta malversación en la Diputación Provincial de Badajoz, según un auto emitido este miércoles 27 de noviembre de 2024 al que ha tenido acceso Infobae España. La titular del juzgado, Beatriz Biedma, le ha citado para el 9 de enero de 2025 a las 9:30 horas. El presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, está citado media hora después.
En junio, este juzgado abrió diligencias contra David Sánchez, Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución, Alejandro José Cardenal, por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Estas se abrieron después de que el sindicato Manos Limpias denunciara a David Sánchez y Gallardo por malversación en el mes de mayo.
El músico David Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra, es compositor, y desde 2021 está contratado en la Diputación de Badajoz. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó indicios de irregularidades en la creación y modificación de puestos de trabajo en el área de Cultura, Juventud y Bienestar Social tras analizar correos electrónicos corporativos de personal vinculado a la Diputación de Badajoz entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022.
El informe de la UCO apunta a “indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la administración pública”. En concreto, se investigan cambios en la denominación del puesto de “Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música” a “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”. Según la documentación, esta modificación habría eludido el trámite de negociación técnica exigido.
La investigación contra David Sánchez
El auto explica que tras analizar las declaraciones de bienes de David Sánchez “no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros”. “Se trataría de un cálculo erróneo motivado por el hecho de que en las declaraciones relativas a los años 2017, 2019 y 2021 en el campo valor nominal se refleja la unidad de medida en euros y en la de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas”, menciona el texto. El juzgado ha solicitado al BBVA información detallada sobre los valores declarados entre 2017 y 2023.
Entre los investigados, además de los mencionados, también figuran Elisa Moriano Morales, exdirectora del Área de Cultura, y otros funcionarios y directivos que ocuparon puestos clave entre 2015 y 2023, como Cristina Nuñez Fernández, exdiputada delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. La investigación también incluye testigos y peritos, como responsables de los conservatorios implicados y técnicos de la Agencia Tributaria, quienes deberán esclarecer aspectos relacionados con las irregularidades denunciadas.
En la causa están personadas como acusación, además de Manos Limpias, los partidos Iustitia Europa y Vox así como las asociaciones Hazte Oír y Liberum.
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