El Senado francés, mediante su Comisión de Asuntos Sociales, ha presentado una propuesta que ha generado un intenso debate en el país. Según el planteamiento, los trabajadores activos deberían realizar siete horas de trabajo no remunerado al año como medida para reforzar las arcas de la Seguridad Social. Este mecanismo, que recuerda a la “jornada de solidaridad” ya existente en Francia, busca financiar específicamente la rama de autonomía de la Seguridad Social, destinada a la dependencia y a los adultos mayores.
El presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, Philippe Mouiller, explicó que esta medida supondría una contribución directa por parte de los trabajadores activos. La iniciativa plantea que los detalles de su aplicación sean definidos por los sectores y empresas, permitiendo flexibilidad en su implementación. Esto podría traducirse en una jornada completa no remunerada o en la distribución de las horas a lo largo del año. Como contrapartida, las empresas verían un aumento en el tipo de la contribución de solidaridad para la autonomía, que pasaría del 0,3% actual al 0,6%. Según estimaciones de la Comisión, este incremento aportaría 2.500 millones de euros anuales adicionales al sistema de Seguridad Social.
Una medida controvertida
La propuesta no ha tardado en generar polémica. Mientras sus defensores subrayan la necesidad de encontrar fuentes adicionales de financiación para un sistema sanitario y social en crisis, los detractores consideran que esta medida es una carga excesiva para los trabajadores. Críticos argumentan que, en un contexto de creciente precariedad laboral y estancamiento de los salarios en muchos sectores, pedir a los trabajadores que trabajen sin remuneración resulta socialmente injusto.
Philippe Mouiller señaló que la intención es abrir un debate con los interlocutores sociales para garantizar que la implementación sea consensuada. Sin embargo, esta aclaración no ha aplacado las críticas, especialmente desde los sindicatos, que ya han manifestado su oposición.
Un sistema sanitario en dificultades
El déficit de la Seguridad Social en Francia, que se espera alcance los 16.000 millones de euros en 2025, es uno de los principales motivos detrás de esta propuesta. El envejecimiento de la población, el aumento de los costos sanitarios y el impacto económico de la pandemia de COVID-19 han agravado las dificultades financieras del sistema.
Además de las siete horas de trabajo no remunerado, la Comisión de Asuntos Sociales del Senado ha planteado otras medidas para aumentar los ingresos fiscales. Entre ellas se incluyen un incremento en la tasa sobre los productos azucarados (del 3,5% al 4%) y una subida en el precio del tabaco, que llevaría el precio del paquete de cigarrillos a 13 euros. Estas iniciativas pretenden generar ingresos adicionales, aunque también han suscitado debates sobre su impacto en el consumo y en sectores como la hostelería.
Impacto en las empresas y el empleo
Otro aspecto que ha generado controversia es el tratamiento de las exenciones fiscales de las empresas. Mientras que el gobierno había propuesto reducirlas en 4.000 millones de euros, la Comisión del Senado sugiere limitar esta reducción a 3.000 millones, manteniendo las exenciones para los salarios equivalentes al salario mínimo. Según Elisabeth Doineau, senadora y ponente del presupuesto de la Seguridad Social, esta medida busca evitar un impacto negativo en el empleo en un momento de incertidumbre económica.
En paralelo, el Senado ha confirmado un acuerdo entre el gobierno y el partido Les Républicains para revalorizar las pensiones en 2025. Según el compromiso, las pensiones subirán un 50% de la inflación en enero, mientras que en julio se aplicará una segunda revalorización, limitada a las pensiones más bajas (inferiores al salario mínimo neto).
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