Alvise denuncia un intento de detención de la Guardia Civil cuando estaba alojado en una casa rural en Madrid

El eurodiputado Alvise Pérez se ha visto envuelto la pasada noche en un episodio con la Guardia Civil que tiene dos versiones. Según ha denunciado el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) en su canal de Telegram, “seis agentes” con “dos vehículos policiales” se presentaron en la puerta de la casa rural donde estaba alojado, en una localidad de la Comunidad de Madrid, para “ejecutar una orden de detención” supuestamente emitida por un juzgado de León por un presunto delito de calumnias por el que se le investiga.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid consultadas por Infobae España, aseguran, por el contrario, que los funcionarios se desplazaron a la finca para “proceder a su identificación” y no para arrestarle.

Alvise ha relatado que se encontraba junto a uno de sus abogados y que alegó ante la supuesta orden de detención que tiene la condición de aforado ante el Tribunal Supremo, que es la única instancia avalada para investigarle. Así, el eurodiputado ha calificado este episodio como “una barbaridad” y ha anunciado que interpondrá una querella contra el juez de León que emitió dicha orden, así como una denuncia ante Asuntos Internos de la Guardia Civil para que investigue lo ocurrido.

“Un juez ordenando mi detención sabiendo que es una orden ilegal al ser yo eurodiputado”, ha denunciado el líder de SALF, quien ha vinculado este episodio con la filtración en su canal de Telegram del informe completo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha colocado al exministro de Transportes José Luis Ábalos al borde de la imputación en el caso Koldo.

El propio Ábalos ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra Alvise y su colaborador de prensa Vito Quiles por la filtración de ese documento, que incluía datos personales del exministro (número de teléfono, direcciones, etc.) y de otros implicados en la trama.

Financiación ilegal

Mientras tanto, la Fiscalía del Tribunal Supremo prosigue su investigación contra el eurodiputado tras la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado el presunto estafador de criptomonedas Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como CryptoSpain y fundador del Madeira Invest Club.

Alvise Pérez reconoció el cobro de 100.000 euros en metálico de parte de Romillo para financiar la campaña electoral de Se Acabó La Fiesta a las elecciones europeas. El eurodiputado dijo que lo aceptó en su condición de “autónomo” como un “pago de servicios sin factura” al estar “bloqueado por los bancos”.

Según el propio Alvise, se enfrentaría a “una multa del 25 % sobre el total” del dinero cobrado de forma irregular “por aceptar 100.000 euros como autónomo sin factura”. Sin embargo, el artículo 304 bis sobre el delito de financiación ilegal de partidos recoge que quien “reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición, o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5, de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos” será castigado con “una pena de multa del triple al quíntuple del valor de lo recibido”.