Una pareja permanece confinada junto a sus hijos desde la crisis del covid y les condenan a prisión por desescolarizar a los pequeños

El 17 de marzo de 2020, cuando Francia se encontraba en pleno confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, una familia de la localidad de Méjannes-le-Clap, en la región de Gard, decidió aislarse del mundo exterior de manera radical. Mientras la mayoría de los ciudadanos retomaban gradualmente su vida tras el fin de las medidas restrictivas, esta pareja, junto a sus tres hijos, se encerró en su hogar y no volvió a salir.

Durante cuatro años, la casa permaneció con las ventanas selladas con plástico y las contraventanas siempre cerradas, creando un entorno hermético. Para los padres, el exterior era una amenaza, una postura que fue señalada por las autoridades como un comportamiento conspirativo y antisocial.

Este aislamiento también afectó gravemente la educación de los tres menores -por entonces de diez, ocho y cinco años- que dejaron de asistir a la escuela en 2020 y no recibieron ningún tipo de formación académica. La Educación Nacional, que había intentado ponerse en contacto con la familia en múltiples ocasiones, fue rechazada constantemente.

Finalmente, en mayo de 2024, ante la falta de cooperación y el riesgo para el bienestar de los niños, los servicios sociales intervinieron, separando a los menores de sus padres. Los niños, sin atención educativa ni sanitaria adecuada durante años, fueron descritos por los psicólogos como “cáscaras vacías”.

Terraplanismo y teorías conspirativas

El aislamiento extremo al que fueron sometidos los tres niños no solo los privó de la educación formal, sino que también los sumergió en las creencias conspirativas de sus padres. Estos rechazaban todo contacto con las instituciones estatales y cuestionaban abiertamente el sistema educativo, al que calificaban de “empresa privada”. Entre las ideas que inculcaron a sus hijos se encontraba la creencia de que la Tierra es plana y está cubierta por una cúpula, y que la Luna no existe, un conjunto de teorías que los expertos en psicología infantil consideraron altamente perjudicial para el desarrollo de los menores.

Los padres, descritos como individuos que “cuestionan todo el sistema”, rechazaban cualquier tipo de interacción con las autoridades, incluyendo las visitas de la Inspección Académica y los profesionales médicos. La Protección de la Infancia calificó a los progenitores como personas con las que “no es posible trabajar”, ya que consideraban al mundo exterior como un enemigo constante.

Ambos progenitores fueron citados a comparecer ante el Tribunal Penal de Alès por incumplir sus obligaciones parentales, particularmente en lo relacionado con la educación de sus hijos. Sin embargo, la pareja se negó a asistir tanto a la primera audiencia judicial como a otras citas previas con la Protección de la Infancia. Finalmente, el pasado 5 de septiembre, fueron juzgados en ausencia y condenados a un año de prisión suspendida. A pesar de los intentos de las autoridades por hacerles cumplir con la ley, los padres se mantuvieron en su postura de aislamiento total, manteniendo su hogar con las ventanas y contraventanas cerradas, lo que ha dificultado incluso confirmar si seguían residiendo allí.

Por otro lado, los tres niños fueron colocados bajo tutela estatal y, tras su separación de los padres, mostraron signos de mejora. En este sentido, la Asistencia Social a la Infancia informó que, al liberarse de las ideas conspirativas inculcadas por sus progenitores, los menores han comenzado a recuperar su estabilidad emocional. Además, los menores han retomado el colegio este nuevo curso escolar.