
Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar contra su esposa, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado en la comparecencia que ha tenido lugar este martes en el Palacio de La Moncloa. El presidente del Gobierno ha decidido finalmente ampararse en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los testigos no declarar si la persona investigada es familiar directo o cónyuge.
Fuentes jurídicas han relatado que al inicio de la comparecencia, el juez ha preguntado a Sánchez si tenía algún tipo de relación con los investigados, a lo que ha respondido que con su mujer. Acto seguido, el magistrado le ha dicho que si se acogía a su derecho a no declarar y el presidente del Gobierno ha respondido que “sí”. Así, el instructor daba por finalizada una comparecencia que no ha durado más de dos minutos y en la que ninguna de las partes ha podido formular sus preguntas.
La declaración se ha celebrado en un despacho del Palacio de La Moncloa habilitado para la ocasión. En la comparecencia han estado presentes, además de Sánchez, el juez, el fiscal y los abogados de las defensas y la acusación ejercida por Vox. El resto de letrados de las acusaciones han anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del instructor de dejar sólo en manos de Vox el interrogatorio al presidente del Gobierno.
Al término de la comparecencia, el abogado que defiende a Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha subrayado ante los periodistas que la citación de Sánchez era un trámite “innecesario” que afecta a la presidenta del Gobierno. El letrado ha opinado que “en ningún caso” vería posible que el juez tratase de imputar al presidente del Gobierno, aunque ha puntualizado que “es muy difícil pronosticar lo que va a pasar” en el procedimiento por las decisiones del instructor.
Pese a no poder estar presentes en el interrogatorio a Pedro Sánchez, los abogados de las acusaciones populares (Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias y Movimiento de Regeneración Política de España) han trasladado a la letrada de Vox “más de 50″ preguntas que habían preparado de cara a la comparecencia en La Moncloa. Además, han interpuesto un recurso contra el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que acordaba que sólo la abogada de Vox podía estar presente en la declaración.
Una citación inédita
La comparecencia de Pedro Sánchez como testigo es inédita: se trata de la primera vez que un juez toma declaración en fase de instrucción a un presidente del Gobierno en ejercicio. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó desplazarse al Palacio de La Moncloa para tomar declaración a Sánchez en virtud del artículo 412.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa a los miembros del Gobierno de acudir a declarar a sede judicial si no van a responder sobre hechos que conocen por razón de su cargo.
Sánchez reaccionó y pidió al juez declarar por escrito, amparándose en el artículo 412.2 de la misma ley, que dispensa a los miembros del Ejecutivo y otras autoridades de “concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo”. Fuentes del Gobierno consideraban que las preguntas que se iban a formular a Sánchez tenían una clara vinculación con su cargo.
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