
El Impuesto sobre Sucesiones es uno de los tributos que grava la transferencia de bienes entre individuos, específicamente en casos de herencias. Este impuesto se aplica sobre el valor neto de los bienes y derechos que adquiere un heredero tras el fallecimiento de una persona, descontando deudas y gastos asociados, por lo que el cálculo se realiza teniendo en cuenta el valor total del patrimonio del fallecido. Este impuesto es progresivo, por lo que cuanto mayor sea el valor de la herencia, mayor será la carga tributaria para los descendientes.
La administración de esta tasa está descentralizada y recae sobre las comunidades autónomas, que tienen la capacidad de aplicar deducciones, bonificaciones y exenciones. Este sistema crea disparidades significativas en la carga tributaria entre diferentes regiones de España. Mientras en algunas comunidades el impuesto puede ser bastante elevado, en otras, las bonificaciones permiten una considerables rebajas fiscales.
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Por lo tanto, el coste de heredar puede variar significativamente dependiendo no solo del valor total de los bienes sino también de la ubicación geográfica del fallecido.
Impuesto de sucesiones en País Vaco
En País Vasco, solo existe una condición que hay que cumplir para que los herederos no paguen el impuesto. En las herencias entre descendientes, ascendientes o cónyuges y parejas de hecho, las cuantías inferiores a 400.000 euros están exentas de impuestos. Sin embargo, para herencias superiores a 400.000 euros, se aplica un tipo impositivo del 1,5%.
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Por lo que, en una herencia de padres a hijos, los herederos no tendrán que pagar impuestos si el valor total del patrimonio es inferior a 400.000 euros. Si el patrimonio supera esa cantidad, solo pagarán el 1,5% sobre la cantidad que exceda los 400.000 euros.
Por ejemplo, si una herencia tiene un valor de 500.000 euros, los primeros 400.000 euros no pagarán impuestos, pero los 100.000 euros restantes estarán sujetos a un impuesto del 1,5%, lo que equivaldría a 1.500 euros.
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En qué plazo debe pagarse
Lo primero que hay que saber es que existe un plazo en el que se tiene que corroborar que se quiere recibir la herencia, es decir, que hay que reclamarla. Este es de 30 años. Aunque no está recogido en el Código Civil, sí es reconocido por la jurisprudencia y la doctrina. Si después de 30 años nadie la ha aceptado, la herencia pasara a pertenecer automáticamente del Estado.
Este impuesto debe ser pagado por todos los herederos del fallecido, ya sea testamentarios, es decir, mencionados en el testamento, o legales, definidos por el Código Civil o el derecho foral aplicable en caso de sucesión intestada, siguiendo un orden de consanguinidad (hijos y descendientes, ascendientes, cónyuge viudo, otros parientes colaterales y, en última instancia, el Estado), aunque hay excepciones en algunas comunidades autónomas.
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El plazo en el que debe hacerse frente es de seis meses tras el fallecimiento, aunque puede extenderse otros seis meses mediante una solicitud de prórroga. No obstante, es importante destacar que realizar el pago durante el periodo de prórroga podría hacer que los herederos pierdan las bonificaciones por pago anticipado que algunas comunidades autónomas ofrecen.
Sin embargo, en los pactos sucesorios, en los que no ocurre el fallecimiento del transmitente, el plazo para pagar es de un mes desde la formalización del pacto o contrato.
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