El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 dotada con 40.146 plazas, una cifra similar a la adelantada por los sindicatos, que supone un 1,4% más que en 2023 y un 74,1% más que en 2018. La cifra supone un nuevo récord, pero solo cuenta con el apoyo de uno de los cuatro sindicatos principales presentes en Función Pública (UGT).
El ministro competente, José Luis Escrivá, ha reconocido que la distribución de las plazas se ha realizado todavía al igual que en años anteriores, “con instrumentos no flexibles que empujan a la planificación en el corto plazo”, por tanto, sin abordar completamente el envejecimiento de las plantillas y la modernización de los servicios públicos. Esto se debe en parte a que la oferta se ha diseñado aplicando la tasa de reposición de la ley prorrogada de Presupuestos (PGE) de 2023, parámetro que se eliminará si se aprueban nuevos presupuestos en 2025.
Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Transformación Digital, que aparecerán en el real decreto ley, 27.360 plazas son de acceso por turno libre, a las que se pueden presentar todas las personas que cumplan las bases, y 12.786 de promoción interna, enfocadas a reducir la temporalidad del empleo público. La mayor parte de las plazas, 31.465, se ofertarán en la Administración General del Estado (AGE), de las que 20.840 son de acceso libre, lo que acelera la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y trata de revertir el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas. Las de promoción interna ascienden a 10.625.
Aunque se oferten más de 40.000 plazas, no todas se cubrirán en 2024, como ha sucedido en años anteriores, debido a que los procesos de realización de los exámenes y de incorporación del personal a sus nuevos puestos de trabajo son más lentos. Aun así, el ministerio asegura que teniendo en cuenta las altas y las bajas previstas de empleados públicos en 2024, se crearán 5.000 empleos en términos netos, es decir, que las altas (estimadas en 14.000) superarán a las bajas (estimadas en 9.000). Los datos de Transformación Digital señalan que esto sucede desde el año 2022, por lo que se consolidarían tres años consecutivos de crecimiento de empleo neto en las administraciones públicas.
Escrivá ha calificado 2024 como un “año de transición” hacia un modelo “más claro de planificación de los recursos humanos”. Según ha explicado, la estructura de recursos humanos de las administraciones públicas “tiene demasiada inercia y no permite ahondar en el nuevo modelo” de digitalización y de refuerzo de los servicios a la ciudadanía. Además, ha señalado la importancia de poner en el centro que los funcionarios y los empleados públicos son “capital humano” en el que hay que invertir. “Eso requiere una visión de medio plazo que nos ponga en horizontes más extensos de los que hemos trabajado hasta ahora”, ha destacado. Por ello espera que si hay PGE en 2025 se pueda aprobar “una oferta muy grande, pero además más flexible”.
Refuerzo de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas
Respecto a la distribución de las plazas, un 10% (3.147) están reservadas para personas con discapacidad y un 10% de ellas (629) para personas con discapacidad intelectual. Una cantidad importante (8.681) van destinadas a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 2.857 para el Cuerpo Nacional de Policía; 3.158 para la Guardia Civil y 2.666 para las Fuerzas Armadas.
A la Administración de Justicia van destinadas 8.440 plazas de los subgrupos C1 y C2 para atención a la ciudadanía; a la Administración Local 501 plazas de nuevo ingreso, y otras 1.098 plazas se reparten entre Seguridad Social, Base Logística de Defensa, AESIA, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado.
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