
Si los divorcios ya son complicados de por si, en el caso de que la pareja tenga hijos, se añaden nuevos problemas a tener en cuenta. En general las dos partes de la separación quieren participar en la crianza de sus descendientes, lo que lleva a tener que pactar un acuerdo en el que se consiga mantener un equilibrio. Esto es la llamada custodia compartida.
Esta es la situación legal mediante la cual, tras una separación o divorcio, ambos progenitores de uno o más niños menores de edad ejercen su custodia legal. Esta custodia se lleva a cabo en igualdad de condiciones en términos de deberes y derechos a través de un juez e implica que los hijos convivan con ambos progenitores durante períodos alternos.
En los últimos años, tanto el Tribunal Supremo, como el Consejo General del Poder Judicial han dictaminado que el régimen de custodia compartida es el más normal y deseable. Por ello, ha invitado a las Comunidades Autónomas a adoptarlo como norma, dejando el monoparental simplemente como una excepción. Sin embargo, no siempre se puede conseguir esta acuerdo y existen casos en los que se deniega.
¿Cuándo se deniega la custodia compartida?
En los casos de divorcios con hijos, siempre tendrá que ser un juez el que decida como se reparte la custodia. Siempre teniendo como prioridad el bienestar de los pequeños, los magistrados tienen en cuenta varios factores para evaluar cada caso concreto y decidir si dan la custodia compartida o no.
Una de las razones más comunes para no concederla es la incompatibilidad de horarios laborales de uno de los progenitores. Si un padre o madre tiene un horario de trabajo que le impide estar presente en el domicilio para cuidar al menor, y no puede demostrar la posibilidad de suplir su ausencia, se considera inviable la custodia compartida. Además, trabajos rotativos o con viajes frecuentes complican la organización necesaria para el cuidado infantil. De la misma manera se tiene en cuenta el estilo de vida desorganizado de uno de los padres.
La distancia excesiva entre los domicilios de los progenitores también es un factor crucial. Si después de una separación, las residencias de los padres están muy alejadas entre sí, la custodia compartida puede resultar impracticable. Es esencial que los niños estén cerca de su escuela y actividades cotidianas, y el tiempo de viaje y acceso al transporte son determinantes.
La conducta violenta de uno de los padres o una condena por violencia de género impiden automáticamente que se considere la custodia compartida. La restricción legal se mantiene incluso si hay solo una acusación pendiente de juicio.
En el caso de menores lactantes, la custodia compartida rara vez se acuerda. Se prioriza que el menor continúe la lactancia materna hasta que esta necesidad cambie.
El involucramiento en el cuidado durante la convivencia es otro factor. Si se demuestra que uno de los padres no ha participado activamente en el cuidado del menor, se dificultará la concesión de la custodia compartida, pues la solicitud puede ser vista como un intento de evitar el pago de pensión alimentaria.
La necesidad médica de especial estabilidad de un menor también es considerada. Si el niño padece alguna enfermedad que requiere un entorno estable, generalmente se evita el cambio de domicilio, según lo indiquen los profesionales de salud.
Finalmente, las adicciones o conductas inadecuadas de alguno de los progenitores, como el consumo excesivo de alcohol o drogas, excluyen la posibilidad de una custodia compartida. En estos casos, se opta por que el menor esté bajo el cuidado del otro progenitor hasta que la situación se estabilice.
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