Policías acorralan a Marlaska con dos conflictos colectivos para cobrar como los Mossos: “Lo llevaremos a los tribunales”

Tres sindicatos representativos de la Policía Nacional han adoptado en los últimos días una de las medidas de mayor presión contra el ministro del Interior. Demandan la equiparación salarial con las policías autonómicas y una jubilación digna

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Gustavo Valiente/Europa Press)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Gustavo Valiente/Europa Press)

Los sindicatos no se fían de Marlaska. Su aparente negativa a la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas y locales, sumada a sus “palabras vacías” sobre las exigencias en materia de jubilación, han acabado con la paciencia de los representantes de los agentes.

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) primero, y después la coalición Equiparación Ya (EYA) y Alternativa Sindical de Policía (ASP) han declarado en los últimos días sendos “conflictos colectivos” al Ministerio del Interior, una de las medidas de presión más contundente que pueden ejercer los sindicatos representativos del Cuerpo. Los tres sindicatos tienen a tres de los 14 vocales de los funcionarios en el Consejo de Policía.

Se trata de un procedimiento destinado a solucionar la situación que genera ese conflicto -en este caso, la equiparación salarial y la jubilación de los agentes- y se traduce en paralización del Consejo y la convocatoria de una reunión extraordinaria con la comparecencia del ministro del Interior en la que se discutan las reclamaciones que han motivado la declaración del conflicto colectivo.

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En conversación con Infobae España, el secretario general del sindicato EYA y vocal del Consejo, Natán Espinosa, destaca que casi “no hay precedentes” de la presentación simultánea de dos conflictos colectivos a la Administración. El último sindicato que adoptó esta medida, en solitario, fue Jupol en 2019 y 2022, cuando hizo uso de sus ocho vocales para reclamar la equiparación salarial y sus reivindicaciones en materia de jornada laboral y procesos selectivos. En ambas ocasiones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudió a una reunión extraordinaria del Consejo para abordar tales asuntos.

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Esta vez no parece que vaya a ser así. Tras conocerse la declaración del conflicto colectivo por parte del sindicato CEP, la Dirección General de la Policía ha convocado una reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía para el próximo día 26. “Demuestra que Marlaska ignora los conflictos”, subraya el secretario general de EYA.

Policías y guardias civiles convocados por la Plataforma por la Jubilación Digna, que agrupa a una docena de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, celebran este sábado una manifestación por el centro de Madrid para reclamar mejoras laborales como ser reconocidos como profesión de riesgo y la "plena equiparación" con Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y cuerpos policiales locales.

Derecho a declarar el conflicto colectivo

La normativa del Consejo de Policía señala necesario el apoyo de 10 de los 24 miembros del Consejo, compuesto por 14 representantes sindicales y otros tantos de la Administración, para la admisión a trámite de la declaración de un conflicto colectivo. Sin embargo, una sentencia de la Audiencia Nacional de 2003 que revocó la inadmisión a trámite de un conflicto colectivo concluyó que basta con tener representación en el Consejo para poder plantear esta medida ante la Administración.

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Así las cosas, los sindicatos EYA y ASP llevarán a los tribunales a Fernando Grande-Marlaska por presunto incumplimiento de esta sentencia si no paraliza los trabajos del Consejo y comparece en reunión extraordinaria para tratar la equiparación salarial y las condiciones en materia de jubilación que reclaman los agentes.

El ministro del Interior recurrió a finales del pasado año otra sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a renegociar el acuerdo de equiparación salarial de 2018 al no haberse cumplido dos cláusulas, una de ellas la creación de una ley para evitar en un futuro diferencias salariales entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y el resto de cuerpos policiales.