Qué es la reducción de jornada anual que propone el FMI para España

Este viernes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su informe de revisión económica anual, donde detalló varias sugerencias para el Gobierno español y respondió indirectamente a la propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

El organismo sostiene que esa modificación en la jornada laboral que propone la ministra debería implementarse de manera anual en lugar de semanal, para que no disminuya la eficacia de los empleados. Representantes del FMI han detallado esta recomendación, haciendo referencia a la reforma implementada en Francia, que estableció una jornada de 35 horas semanales, añadiendo elementos de flexibilidad mediante un sistema que anualiza las horas trabajadas.

La clave, según el FMI es “adaptar la diversidad entre los sectores mediante la negociación colectiva, brindar flexibilidad -a través de, por ejemplo, la anualización del recorte de horas- con el objetivo de optimizar las ganancias en productividad potenciales y considerar la relación con el salario mínimo”.

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Este enfoque permite ajustar las horas de trabajo y los periodos de descanso conforme a las necesidades específicas de cada sector, la época del año y el nivel de producción. Desde el organismo se subraya que en España la situación difiere significativamente entre, por ejemplo, el sector de la restauración y el manufacturero. Por ello, se sugiere enfáticamente realizar una reforma adaptada a estas particularidades para minimizar su impacto en el empleo.

¿Cómo funcionaría este sistema?

Por ejemplo, si consideramos a un camarero que trabaja en un restaurante situado en una zona turística, donde la demanda varía según la temporada, bajo un esquema de jornada anualizada, este camarero podría trabajar más horas durante el verano, que es la temporada alta, y menos horas en el invierno, la temporada baja.

Suponiendo que el acuerdo establezca que se deben trabajar 1,712.50 horas al año horas al año, en lugar de trabajar una cantidad fija de 37,5 horas semanales -imaginando que se lleva a cabo la reducción propuesta por Yolanda Díaz-, esta persona podría trabajar 50 horas semanales durante los meses de verano (junio, julio, agosto) para cubrir la mayor afluencia de clientes y luego reducir sus horas a 30 semanales durante los meses de invierno (diciembre, enero, febrero), mientras que en primavera y otoño trabajaría semanalmente el número que le permita cumplir con las 1,712.50 horas anuales pactadas. De este modo, el horario se adapta a las fluctuaciones estacionales del negocio.

Los representantes de la CEOE indican que su propuesta sigue la línea de la de el FMI, enfatizando que el debate sobre la reducción de la jornada laboral se conciba en base a un cómputo anual. Sin embargo, todavía no se ha especificado el método mediante el cual se implementaría dicha reducción en las empresas.

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Sugerencias del Fondo Monetario Internacional

Junto con su aportación sobre la jornada laboral, el FMI ha propuesto otras medidas al Gobierno español. Destaca la importancia de combatir la contratación temporal, señalando que la reforma laboral de 2021 consiguió reducir la tasa de empleo temporal en más de 10 puntos porcentuales, y ubicando a España en el promedio de la Unión Europea. A pesar de este avance, el organismo indica la necesidad de “implementar políticas adicionales para lograr una estabilidad laboral más amplia”.

La organización afirma que la reforma tuvo un impacto poco claro en las transiciones de empleo a desempleo, y sugiere que suavizar las normas de protección laboral podría motivar a los empleadores a ofrecer contratos permanentes, disminuyendo la incertidumbre respecto a los costes por despido.

Respecto a las estrategias para reducir el desempleo estructural, el FMI considera que la Ley de Empleo de 2023 representa “un paso en la dirección adecuada”, aunque sería beneficioso intensificar los requisitos de activación y una mejor integración entre las políticas de empleo activas y pasivas. Recomiendan que el Gobierno incremente la inversión en el Programa de Activación para el Empleo y potencie la eficiencia de las oficinas regionales del SEPE.