Qué reclaman los abogados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que van a la huelga: desde más seguridad jurídica a más recursos y plantilla

Desde la Consejería de Salud y Consumo apuntan que se está trabajando en la actualización del Decreto que regula la estructura, organización y funciones de los letrados de la Administración sanitaria

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Hospital de Valme, en Sevilla.
Hospital de Valme, en Sevilla. (EUROPA PRESS)

Desde este lunes Andalucía tiene que lidiar con una huelga indefinida de los abogados del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los letrados dan así un golpe sobre la mesa y convocan el primer paro de abogados de la Administración que se convoca en España. El motivo principal es que todavía no se ha aprobado un reglamento que regule la asistencia jurídica que prestan. La cuestión es que no existe una partida presupuestaria para ello ni queda recogido en los presupuestos de 2024, recientemente aprobados. Tras los continuos fracasos para negociar con la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Salud y Consumo y de la Consejería de Hacienda de la Junta, este 1 de abril los letrados van a la huelga.

Además de este reglamento que no llega, los abogados del SAS han puesto de manifiesto diversas reivindicaciones con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y el funcionamiento del sistema sanitario público andaluz. Entre sus principales demandas se incluyen el reconocimiento y revalorización de su labor profesional, así como una mejora en las condiciones de trabajo que les permita ejercer su función con mayores garantías y eficacia.

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Otra de las reclamaciones más destacadas hace referencia a la necesidad de una adecuada dotación de recursos, tanto humanos como materiales, para poder desempeñar su labor de manera óptima. Esto implica una ampliación de la plantilla de profesionales jurídicos, así como el acceso a herramientas y tecnologías actualizadas que faciliten su trabajo diario.

Los letrados del SAS piden más seguridad jurídica

Además, solicitan una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de su profesión, lo cual pasaría por una definición más clara de sus competencias y responsabilidades dentro del sistema de salud. De igual manera, piden que se establezcan mecanismos que garanticen una adecuada formación y actualización continua en materias de relevancia para el sector.

 Hospital Virgen Macarena en
Hospital Virgen Macarena en Sevilla. (JUNTA DE ANDALUCÍA)

Otro punto de importancia es la reivindicación de un marco retributivo justo que reconozca la complejidad y la importancia del trabajo que realizan. Esto incluye la demanda de una revisión de sus salarios, así como la implementación de un sistema de incentivos que refleje el desempeño y el compromiso de los profesionales del derecho en el ámbito sanitario.

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Por último, los abogados del SAS también enfatizan la necesidad de fomentar la cooperación y el diálogo entre los diferentes profesionales del sistema de salud, con el fin de promover una gestión más integrada y eficiente que redunde en beneficio de los pacientes y del servicio sanitario público en su conjunto.

La postura de la Junta

Desde la Consejería de Salud y Consumo apuntaron a preguntas de Europa Press que se está “trabajando en la actualización del Decreto que regula la estructura, organización y funciones de los letrados de la Administración sanitaria”. “Como no puede ser de otro modo, respetamos el derecho a la huelga de cualquier colectivo de trabajadores. Como Administración, ante una convocatoria de este tipo, tenemos la obligación de trabajar de la mano de las personas convocantes y garantizar los servicios que prestan”, han sostenido desde el departamento que dirige Catalina García.

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En esta misma línea, la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud apunta que se está trabajando también en otras de las reivindicaciones, como las de los complementos salariales. “Reconocemos la labor que realizan estos profesionales y las múltiples funciones que desarrollan y que son indispensables para el buen funcionamiento de la Administración sanitaria y la protección del personal del SAS”, han apostillado desde la Junta.