El informe progresista del CGPJ sobre la amnistía advierte que la acotación del terrorismo genera “dudas aplicativas”

El CGPJ tiene encima de la mesa dos informes diametralmente opuestos sobre la amnistía: el de los vocales conservadores denuncia su “inconstitucionalidad”, mientras que el de los progresistas defiende que sí puede tener encaje constitucional. Sin embargo, la propuesta de informe firmada por la vocal Mar Cabrejas, del sector progresista, advierte que la exclusión de los actos de terrorismo con violaciones graves de los derechos humanos, sin una interpretación de ese contexto, puede generar “dudas aplicativas” cuando la norma entre en vigor.

La vocal también apunta que la proposición de ley, pese a describir “con detalle y minuciosidad” los actos que quedan bajo su paraguas, “contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas como ‘cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad o ‘cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención’.

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En su análisis técnico-jurídico sobre la norma, Mar Cabrejas también subraya que la fecha inicial de los actos que pueden ser amnistiados, el 1 de noviembre de 2011, “no responde a una precisa razón expresada en la exposición de motivos, ni su justificación se desprende del conjunto de la proposición”.

Sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, la propuesta de informe del sector progresista del CGPJ señala que pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo que justifica de forma objetiva y razonable la diferencia de trato dispensada a las conductas delictivas amnistiadas respecto de aquellas otras que no lo son. Sin embargo, Cabrejas considera que “no corresponde” al CGPJ “la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria”.

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El Pleno, que lleva más de cinco años con el mandato caducado, debatirá en su reunión ordinaria del próximo jueves la propuesta de la vocal progresista y la del conservador Wenceslao Olea, quien sostiene que la motivación de la amnistía tiene, como “causa directa e inmediata”, el acuerdo de 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y Junts per Catalunya que permitió la investidura de Pedro Sánchez, de manera que la invocación a un pretendido interés general o se asimila con los intereses de ese acuerdo o se deja sin explicar, sin que quepa extraerlo de ninguna otra circunstancia.

Asimismo, afirma que la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, lo que no se aprecia en el texto de la norma proyectada.

A juicio del vocal conservador, resulta imperativa la exclusión del ámbito de la amnistía de todos los delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional, que ha traspuesto la Directiva de la UE citada en la proposición de ley, con el fin último de evitar que la amnistía abarque cualquier tipo de acto terrorista cometido en el contexto del proceso independentista.