Ayuso defiende que la denuncia de la Fiscalía a su pareja no afecta a su gobierno: “Ahora tocaba el novio. No hay tramas ni nada de lo que intenta Moncloa”

La Fiscalía de Madrid ha denunciado al empresario Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Le acusa de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda con sus negocios entre los años 2020 y 2021, años en los que golpeó la pandemia del Covid-19. La información ha sido adelantada a primera hora por eldiario.es. A mediodía, Díaz Ayuso ha comparecido ante los medios para pronunciarse: “Nada tiene que ver esto con la Comunidad. Yo respondo por mi gobierno”, ha zanjado.

“Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo ‘más madera’ y generar una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano”, ha afirmado la presidenta, molesta al considerar que “no es normal” que “los datos de un ciudadano anónimo estén circulando en las redacciones”. “Directamente se le está acusando”, ha lamentado. González Amador, según el Ministerio Público, defraudó 350.951 euros con facturas falsas y empresas pantalla.

“Ahora tocaba el novio”, ha dicho la dirigente. Se refiere a que antes fue su hermano, Tomás Díaz Ayuso, en el foco en su día -con las sabidas consecuencias en el PP, en particular al que era su presidente, Pablo Casado- por la comisión de 234.000 euros que se embolsó también en plena pandemia gracias a una adjudicación de la consejería de Sanidad. Las fiscalías española y europea no vieron irregularidad alguna y el caso quedó archivado.

Te puede interesar: El chivatazo del guardia civil a la trama de Koldo precipitó las detenciones de la UCO: “Lo sé todo, es por culpa del perro”

Y antes que su hermano, su padre. “Esto era algo que me esperaba porque desde hace cinco años todos los días tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que, además, quebró por otras cuestiones y que él sin deber nada a nadie. (...) Después fue mi pueblo. No dejaron de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores, a mi expediente académico, que si pasé por mi colegio sin pena ni gloria… Después fue mi etapa universitaria. Ha sido mi trabajo, mi vida laboral, siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacerme trajes constantemente”.

“Yo -ha terminado- tengo que responder por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi gobierno, trabajando, intentando siempre dar lo mejor de nosotros mismos, a pesar de las dificultades y de soportar siempre estas cosas”.

Te puede interesar: El PP acota su ofensiva parlamentaria por el ‘caso Koldo’ a seis cargos del Gobierno

La Fiscalía recibió el 22 de enero un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallaban las supuestas actividades irregulares de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Medioambiente, de la que González Amador era administrador único durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Un día después abrió diligencias penales. “Se ha detectado que en dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, se llevaron a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”, se lee en el documento.

La denuncia aún no ha recaído sobre ningún juzgado de Madrid, momento en el que el magistrado decidirá si admite o no a trámite.