España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar la Ley de Segunda Oportunidad al sistema jurídico. Esta norma permite renegociar las posibles deudas e incluso conseguir una exoneración de las mismas, siempre y cuando los usuarios puedan justificar lo sucedido. El mecanismo legal no llegó a nuestro país hasta 2015, pero desde entonces, miles de personas se han acogido a esta fórmula para condonar sus deudas. La norma se dirige fundamentalmente a las personas físicas y los trabajadores autónomos que pueden acreditar una situación de insolvencia económica.
La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para que las personas físicas, tengan o no algún vínculo empresarial, puedan superar una situación de “insolvencia grave” y empezar de cero con su economía. El propio texto establece que su principal misión es “conseguir que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse con nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.
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Este procedimiento no solo sirve para condonar las posibles deudas, sino que también brinda la posibilidad de suprimir los embargos. Los beneficiarios de la norma también podrán recuperar las credenciales de sus cuentas bancarias y desaparecerán automáticamente de las listas de morosos. Los usuarios, no obstante, tienen que cumplir con una serie de requisitos, como acreditar la situación de insolvencia económica y demostrar la condición de “deudores de buena fe”. El impago no puede superar los cinco millones de euros y los demandantes no pueden arrastrar condenas por delitos económicos, al menos, durante los diez años inmediatamente anteriores a la declaración del concurso.
¿Cuándo pedir la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento universal que comprende tanto las deudas, como los derechos y bienes de los deudores que fueran embargables. La norma permite exonerar a particulares y trabajadores autónomos del pago de sus deudas, aunque para ello tienen que cumplir con una serie de requisitos. Los concursados tienen que actuar en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. Además, tienen que acreditar una situación de “insolvencia económica” y no pueden arrastrar condenas por delitos socioeconómicos en los diez últimos años. Los expertos recomiendan contar con un equipo de abogados durante todo el proceso.
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Los usuarios pueden acogerse a este mecanismo legal para condonar deudas hipotecarias, impagos derivados de avales por actividad económica y deudas relacionadas con el uso de tarjetas de crédito. La Ley de Segunda Oportunidad también suele perdonar deudas con los organismos públicos —Hacienda, Agencia Tributaria— y la solicitud de préstamos personales. Las deudas perdonadas desaparecerán definitivamente siempre que en los cinco años posteriores al fallo judicial no cambien las circunstancias del deudor. La Ley Concursal establece, además, que los acreedores que recurran a este mecanismo no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los créditos.
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