
Las pensiones no contributivas consisten en una asignación económica para todas aquellas personas que, pese a cumplir con los requisitos necesarios para jubilarse o solicitar la invalidez, no pueden acceder a una prestación pública. El Estado pretende garantizar un nivel mínimo de ingresos para las personas que no tienen un historial laboral solvente y no han cotizado el mínimo de años exigido por la Seguridad Social. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se encarga de gestionar y financiar estos subsidios, diseñados para dar cobertura sanitaria y cubrir las necesidades básicas de los trabajadores en situación de vulnerabilidad.
Hay dos clases de pensiones no contributivas: la de jubilación y la de invalidez. La primera está orientada a personas mayores de 65 años que no tienen recursos suficientes para vivir, mientras que la de invalidez va dirigida a personas con una discapacidad igual o superior al 65% que tampoco tienen recursos suficientes. Para recibir una pensión no contributiva en España, es necesario cumplir con ciertos requisitos:
- Uno de ellos es no disponer de ingresos suficientes, lo que significa que las rentas anuales deben ser inferiores a 7.250,6 euros.
- En el caso de la pensión de jubilación, es necesario tener 65 años o más y haber residido en territorio español durante al menos 10 años desde que se cumplió 16 años. Además, dos de esos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
- En el caso de la pensión de invalidez, es necesario tener entre 18 y 65 años y un grado de invalidez igual o superior al 65%.
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Subida de las pensiones no contributivas en 2024
La segunda pata de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contemplaba mejoras también en las pensiones mínimas contributivas. En concreto, la norma establece que éstas experimentarán, desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
La inflación media del periodo diciembre de 2022-noviembre de 2023 se situó, a falta de confirmarse el dato avanzado, en un 3,8%, por lo que toda subida que supere ese porcentaje irá en la senda marcada por la reforma. Será precisamente en este porcentaje, el del 3,8%, en el que subirán las pensiones contributivas el próximo año, en función de la reforma que se aprobó en la anterior legislatura y que liga las pensiones a la evolución del IPC.
De aplicarse para las pensiones mínimas contributivas la misma subida anunciada para las no contributivas, del 6,9%, las primeras aumentarían aproximadamente entre 16,5 y 100 euros al mes, dependiendo de la clase de pensión y de las circunstancias personales.
Así, atendiendo a los últimos datos del Imserso sobre pensiones no contributivas, todas las comunidades autónomas superarán los 7.000 euros anuales -en 14 pagas-. En 2023, este umbral sólo lo traspasaban Cataluña, Murcia y Canarias. Pese a ello, la brecha en las pensiones entre las diferentes comunidades seguirá latente, con una diferencia de 800 euros anuales entre la región con la prestación más alta -Cataluña- y la más baja (Cantabria).
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