Casi nadie sabe, de forma concreta, qué supondrá el acuerdo entre PSOE y Junts para la transferencia de las competencias sobre inmigración a Cataluña. Pero “mejor poner la venda antes que la herida”, dicen a Infobae España voces de la Policía Nacional, institución en la que el anuncio de la cesión ha sentado como un jarro de agua fría. El Cuerpo tiene concedidas importantes competencias en materia de inmigración y extranjería, de las pocas que aún ostentan en Cataluña.
El traspaso “integral” de la gestión de la inmigración parece chocar con el artículo 149 de la Constitución Española, que determina las materias sobre las que el Estado tiene “competencia exclusiva”, entre ellas, “nacionalidad, inmigración, emigración y derecho de asilo”. El as bajo la manga de PSOE y Junts es, según confirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la aprobación de una ley orgánica que lleve a término tal traspaso.
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Desde Junts aseguran que la Generalitat asumirá competencias relacionadas con la documentación para los permisos de residencias o la expulsión de personas migrantes en situación irregular que sean multirreincidentes. Estas funciones y otras que podrían formar parte de ese traspaso “integral” son propias de la Policía Nacional, concretamente de la Comisaría General y las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras, según recoge el artículo 12 de la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los agentes que las integran se encargan, a grandes rasgos, del “control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio, asilo e inmigración”.
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Así, los policías de Extranjería en Cataluña tienen como cometidos, como en el resto de territorios del país, el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la redacción de expedientes de expulsión de personas en situación irregular, la gestión de repatriaciones, la persecución de redes de inmigración ilegal y falsedades documentales, además del control de pasaportes en aeropuertos como El Prat o el puesto fronterizo de La Jonquera (Girona).
En declaraciones a Rac1, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, subrayó que Cataluña tiene “policía propia”, en referencia a los Mossos d’Esquadra, que tendrían que asumir algunas de las funciones hasta ahora encomendadas a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La Policía pierde peso en Cataluña
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jacobo Rodríguez, denuncia que de cumplirse los presagios sería “la práctica expulsión de la Policía Nacional de Cataluña”. Lo dice porque ya son pocas las competencias de peso que conserva el Cuerpo en la región: Policía Judicial (investigación) e Información (lucha antiterrorista), además de Extranjería y Fronteras.
El SUP ha reaccionado ante lo que considera un “hecho gravísimo” y ha remitido una carta a la comisaria europea de asuntos de Interior, Ylva Johansson, para pedirle que fiscalice las actuaciones del Gobierno al transferir las competencias de inmigración a Cataluña. El sindicato también ha enviado una segunda misiva, en este caso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le advierten de que tomarán “todo tipo de actuaciones, tanto jurídicas como sociales”, de materializarse un traspaso que “vulnera los derechos y la dignidad de los policías”.
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