Tres céntimos por palabra transcrita y 544 euros por media hora de trabajo: así es el sueldo de los traductores del Senado

El uso de las lenguas cooficiales en el Senado ha obligado a acometer reformas como la instalación de cabinas, la ampliación de oficinas y, por supuesto, la contratación de traductores. A efectos de este último punto, a Mesa del Senado ha licitado un contrato que puede alcanzar un importe máximo de 756.000 euros para los servicios de interpretación y traducción de las intervenciones realizadas en euskera, catalán, gallego y valenciano durante las sesiones parlamentarias de la Cámara Alta.

En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está acotado a las mociones en las sesiones plenarias, a las intervenciones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas o en la presentación de escritos. Así consta en la memoria justificativa del contrato, donde se explica que el presupuesto base de licitación para el periodo de un año es de 151.250 euros, aunque puede haber hasta otras cuatro prórrogas, con un gasto estimado de 756.250 euros.

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Según este contrato licitado por la Mesa del Senado, se pagará hasta 544 euros por un servicio de interpretación de hasta media hora y hasta 3.146 euros por estar entre cinco y ocho horas. Para el servicio de transcripción, se pagará unos tres céntimos por palabra transcrita.

Fue en el año 2005 cuando se empezaron a incorporar las lenguas cooficiales en el Senado, a través de la Comisión de las Comunidades Autónomas. Para ello, la Cámara Alta seleccionó a 25 traductores -siete para el catalán y seis para cada una del resto de lenguas cooficiales-. Con motivo de la inclusión en 2010 de las lenguas cooficiales en el debate de las mociones del Pleno, la Mesa del Senado acordó que estos 25 intérpretes-traductores también desarrollarían sus funciones en el Pleno.

Sin embargo, actualmente solo permanecen en la lista de intérpretes dieciséis de las veinticinco iniciales. En 2023, el presupuesto contempla un gasto de 280.000 euros para el servicio de interpretación y de 3.000 euros para el de transcripción. La propuesta formulada en este contrato establece un presupuesto máximo anual de 151.250 euros, cuantía inferior a la presupuestada en 2023, algo que la Cámara Alta lo atribuye al ahorro de costes de desplazamientos, indemnizaciones y a la racionalización del régimen aplicable a los cambios en la previsión de sesiones plenarias.

El Congreso también eleva el gasto

El Congreso ha gastado más de 53.000 euros sólo en los medios técnicos que necesita para garantizar el arranque de la traducción de las lenguas cooficiales. A ello hay que sumar el coste que supondrán los traductores, que variará en función de las necesidades de cada sesión plenaria. En concreto, según informaron fuentes parlamentarias, la Secretaría General del Congreso plantea la compra de 450 auriculares -la Cámara ya contaba con 200- por valor de 7.600 euros para asegurar que haya material suficiente no solo para sus señorías, sino también para las taquígrafas, los letrados, la prensa y el público que ocupa la tribuna de invitados.

A ese dinero se sumará hasta final de año el alquiler y mantenimiento de petacas y antenas de radiofrecuencia, lo que supone un coste de 45.900 euros. Concluido ese arrendamiento, el Congreso deberá valorar si merece la pena continuar con el alquiler o comprar todo ese material.

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A esos más de 53.000 euros en material técnico debe añadirse el coste que a partir de ahora la Cámara destinará a los traductores, si bien aún no se puede cuantificar cuál será ese gasto final puesto que, de momento, se contratarán en función de las necesidades de cada Pleno, igual que viene haciendo el Senado, donde se pueden usar lenguas cooficiales en el debate de las mociones y cuando se convoca la Comisión General de Comunidades Autónomas.

De entrada, el Congreso echará mano de una bolsa con una docena de traductores, muchos de los cuales ya han trabajado para la Cámara Alta. En concreto, se prevé que este martes al menos tres intérpretes estén pendientes del Pleno, en el que se debatirá precisamente la toma en consideración de la reforma del Reglamento para garantizar el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara.

Según las fuentes consultadas, cada traductor tiene una tarifa diferente, por lo que no se pueda saber con exactitud el desembolso que supondrá la contratación de estos intérpretes. Eso sí, se calcula que de media cada uno puede llegar a cobrar en torno a 100 euros la hora. En todo caso, al tratarse de un contrato menor de servicios, el límite de contratación serán 15.000 euros hasta final de año para cada traductor. Superada esa cantidad, el Congreso no podrá contratar de nuevo sus servicios.

Los traductores contratados para cada sesión plenaria no estarán presencialmente en el hemiciclo, sino que trabajarán fuera de las dependencias parlamentarias, desde sus respectivos lugares de trabajo, como ellos mismos han solicitado.