
La Audiencia de Barcelona iniciará el próximo lunes 20 de noviembre el juicio contra Shakira en una de sus causas. La artista colombiana tendrá que prestar declaración en el juzgado de Esplugues de Llobregat tras haber sido acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda Pública entre los años 2012 y 2014.
La intérprete de Waka Waka tendrá que presentarse ante el tribunal al menos el primer día de juicio y, cuando sea tu turno para declarar, podrá optar por hacerlo o declinarlo. Si intervención puede tener lugar al inicio del juicio, tras presentar las cuestiones previas, o, por el contrario, una vez se hayan expuesto todas las pruebas —aunque, esta última, si su defensa lo pide y el tribunal lo acepta—.
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Es habitual que las defensas pidan reservar la declaración del acusado para el final del juicio con la intención de que al intervenir puedan replicar a todas las pruebas que se hayan expuesto en su contra: de entrada, el guion del juicio prevé que el turno de la cantante sea el primer día, pero su defensa puede pedir al inicio del juicio que se atrase.
El tribunal prevé que el juicio se alargue durante 12 sesiones espaciadas desde el lunes 20 de noviembre hasta el jueves 14 de diciembre. Durante estas semanas, están llamados a declarar 117 testigos y ocho peritos que responderán a las preguntas de la defensa y las acusaciones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la de la Generalitat.

Entre los testigos citados a declarar se encuentran trabajadores que atendieron a Shakira en Barcelona en centros de estética, peluquerías, bares, hoteles y restaurantes;y otros empleados, como su conductor personal, dos ginecólogos, sus profesores de zumba y fitness y su estilista. También comparecerán en el juicio vecinos de la barranquillera en sus viviendas en Catalunya, porteros y trabajadores de mantenimiento; además, están llamados a declarar empleados de Live Nation España.
A petición de la defensa de la artista, se ha citado al ceo de Sony Music en América Latina, Afo Verde, y la presidenta de la compañía, Amanda Ghost. También testificarán su hermano y mánager, su coreógrafa, su terapeuta, su peluquera, su estilista, sus mánagers, su productor y su expareja Antonio de la Rúa Pertiné, con quien mantuvo una relación antes de casarse con el futbolista Gerard Piqué.

“No existe ninguna deuda pendiente con Hacienda”
Antes del proceso penal, Shakira ya devolvió 17,2 millones de euros que le reclamaba Hacienda por impuestos que no tributó en su momento, algo que la acusación de la Fiscalía toma en cuenta al aplicarle una atenuante de reparación del daño.
El equipo legal ha esgrimido esta devolución del dinero para reiterar que “desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda”. Su defensa considera que esta causa supone “un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente”.
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Fiscalía y defensa negociaron un posible acuerdo que evitara el juicio, pero las conversaciones no prosperaron, como confirmó la defensa de la cantante este verano. Sin embargo, están a tiempo de pactar hasta el juicio.
Otra causa abierta
La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó en 2018 dos querellas contra la intérprete de Loba. Por un lado, fue acusada de fraude fiscal de 6 millones al ministerio público en declaraciones de IRPF y del impuesto de patrimonio del año 2018, empleando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales. Por otro lado, ha sido inculpada por el fraude de casi 15 millones de euros Hacienda Pública, causa por la que será juzgada este lunes.
De esta manera, Shakira está acusada de cometer seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014. Además de la pena de prisión, la Fiscalía exige multar a la artista con 23,8 millones de euros. Los tributos que supuestamente defraudó 12.371.197 euros al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y 2.191.771 por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), sumando entre los dos 14.562.968 euros.
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El fiscal cree que, para evitar pagar impuestos en España, la artista se valió de un entramado de 15 sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, a las que nombró titulares de sus rentas y patrimonios en vez de ponerlas a su nombre, supuestamente “para ocultar” sus rentas a la Agencia Estatal Tributaria y a la Agencia Tributaria de Cataluña.
Con información de Europa Press
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