El inquilino de la “patada en la puerta” asegura que vivía allí y que no había una fiesta

El inquilino del piso de la calle Lagasca de Madrid en el que tuvo lugar la “patada en la puerta” más conocida de la pandemia ha asegurado que vivía allí y que aquel 21 de marzo de 2021 no había una fiesta, sino que tomaba algo con unos amigos sin provocar ruido, y se negó a salir porque le dijeron que le multarían.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio con jurado a un subinspector y cinco agentes de la Policía Nacional, que se enfrentan a una petición de dos años y seis meses de prisión por un delito de allanamiento de morada por parte de la acusación particular, ejercida por el ciudadano británico que tenía arrendado el piso.

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Este procedimiento es el caso de “patada en la puerta” más conocido ya que las personas que estaban en el piso donde se celebraba la fiesta grabaron la intervención policial en la madrugada del 21 de marzo de 2021.

La Fiscalía reconoce que existió allanamiento de morada pero estima que a los cinco agentes hay que eximirles la pena porque actuaron en cumplimiento del deber, por la orden de su superior, y también al subinspector porque creía que podía entrar sin autorización judicial por apreciar la comisión de un delito flagrante de desobediencia a la autoridad.

No salieron por miedo a recibir una multa

Durante la vista ha declarado el inquilino, Theo T.G., y dos de los jóvenes que estaban aquel día en la vivienda, quienes han coincidido en que T.G. vivía allí, no se trataba de ningún piso turístico ni “discoteca”, como dijeron los agentes, sino que fueron a tomar algo juntos, aunque estaba prohibido entonces.

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Cuando la Policía llegó y les dijo que se salieran a identificarse tuvieron miedo de ser multados o incluso detenidos, y además creyeron que los agentes no podrían entrar sin orden judicial, han dicho estos dos testigos, que han asegurado que no oyeron si alguno de los asistentes quería irse y alguien se lo impidió.

El inquilino ha declarado en inglés y ha tenido de intérprete a un traductor al que la fiscal y el letrado del inquilino han pedido en varias ocasiones que completara la traducción que había hecho inicialmente, ya que no era exacta. El jurado ha preguntado quién había contratado al traductor y el presidente de la Sala ha aclarado que se trata de un experto de la empresa que está contratada por el organismo judicial, y que suele ejercer esta labor en la Audiencia Provincial.

El inquilino ha explicado que alquiló el piso en enero de 2021 por 1.850 euros al mes, era su domicilio habitual y su intención era permanecer tiempo en España para tener la nacionalidad española.

Este hombre ha negado que organizara fiestas ilegales y ha asegurado que aquel día no hizo una fiesta, sino que “solo estaba tomando unas consumiciones” con unos conocidos, sin hacer mucho ruido y en todo caso con música de fondo.

Ha relatado que había estado con nueve amigos en un restaurante cercano y luego coincidieron con unos vecinos y todos fueron a su piso, hasta que llamó la Policía, momento en el que decidieron “no abrir y permanecer en silencio”.

Como él no habla español, fue otra persona, Isabel, quien habló con los agentes y les dijo que no podían entrar, y él mismo tenía la creencia de que “en España, como un país desarrollado que es, para entrar en una vivienda ajena se necesitaría orden judicial”.

“Nadie quiso marcharse porque nadie quería identificarse para recibir una multa”, ya que eran conscientes de que habían incumplido la normativa anti-covid, ha dicho, tras aclarar que le detuvieron y que luego el dueño le echó del piso y tuvo que pagar la puerta rota.

Por su parte el joven que grabó el vídeo que se hizo viral ha relatado que no volvió a verlo porque quería olvidar ese episodio, y que aquella noche la tensión fue creciendo durante 45 minutos, en los que no recuerda bien las frases que se decían, hasta que la Policía entró.

(Información de EFE)