
El Pleno ordinario del Tribunal Constitucional se reúne este martes para abordar, entre otros asuntos, el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el denominado impuesto a las grandes fortunas, aprobado por el Congreso de los Diputados en noviembre del pasado año. Se prevé que el tribunal de garantías, con mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores, rechace el recurso del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y respalde la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer.
El Gobierno madrileño impugnó ante el Constitucional el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas al entender que invade las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, ya que suplantaba, según la Comunidad de Madrid, la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, el Ejecutivo argumentaba que existía una vulneración de los derechos fundamentales de los destinatarios del impuesto al quebrantar el principio de seguridad jurídica que protege a los ciudadanos.
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Cabe recordar que el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, aprobado para los ejercicios de 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, el 0,1% de los contribuyentes en España. Se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración tiene lugar entre el 1 y el 31 de julio. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó la medida como un avance progresista en materia de política fiscal.
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Desde el PP se criticó duramente el impuesto, que acabó en el tribunal de garantías tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo madrileño de Ayuso. Ocho meses después, el Pleno estudia la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, que aboga por avalar el impuesto a las grandes fortunas al considerar que la medida no infringe las competencias de las comunidades autónomas ni vulnera derechos recogidos en la Constitución Española.
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Recurso del exdiputado Alberto Rodríguez
Otro de los asuntos destacados que abordará este martes el Pleno del tribunal de garantías es el recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a 1 mes y 15 días de prisión por la patada a un policía en una manifestación, una pena que posteriormente fue sustituida por una multa económica. No obstante, la sentencia le hizo perder su escaño en el Congreso, un extremo que en esta ocasión no entrará a valorar el Constitucional.
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Sí se espera que respalde la ponencia firmada por la magistrada progresista María Luisa Segoviano, quien propone estimar el recurso del exdiputado de Podemos por falta de proporcionalidad en la sentencia del Supremo respecto a los hechos por los que fue juzgado. Sin embargo, Rodríguez no podría en ningún caso recuperar su escaño en la cámara baja.
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