La gestión de Ayuso y los muertos en las residencias de mayores en Madrid durante la pandemia llegan hasta Europa: “Queremos una investigación y reparación”

No importa que hayan pasado más de 1.000 días. Los familiares de los mayores que murieron por covid en las residencias de la Comunidad de Madrid están dispuestos a mover cielo y tierra para pedir justicia y que no se vuelva a repetir una situación similar. Por ello, el colectivo Marea de Residencias, después de haber denunciado en Bruselas el pasado mes de diciembre “la vulneración de derechos” dentro de estos centros, ha vuelto este miércoles al Parlamento Europeo para solicitar que se investigue lo que ocurrió durante la “fatídica primavera” de 2020 tras la aplicación de unos “protocolos discriminatorios” que dejaron a 7.291 personas fallecidas sin recibir asistencia sanitaria.

Carmen López, representante de la Marea de Residencias y cuyo padre también falleció en una de ellas, ha comenzado su intervención denunciando la “precariedad, la falta endémica de personal y las décadas de falta de financiación” que han soportado los centros geriátricos en la región, para después explicar que las medidas que tomó el gobierno autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso “en ningún caso fueron preventivas o paliativas, sino más bien de tortura”.

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“Se decidió cerrar y prohibir entrar a los familiares y amigos de las personas que estaban en residencias mientras sí podían hacerlo proveedores o los propios trabajadores sin trajes EPI [para protegerse], por lo que podían llevar el virus de un sitio a otro”, ha indicado durante su intervención ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, para luego explicar que a los mayores se les confinó en habitaciones “de cuatro metros cuadrados, sin televisión, sin móvil, sin libros, sin entretenimiento alguno”.

Asimismo ha insistido en que “no había medidas paliativas” para que las personas mayores afectadas por covid “pudieran morir en paz”, por lo que fallecieron “allí encerrados”. Lejos de mejorar, López también ha asegurado que tras la pandemia la situación en las residencias “ha empeorado” y ha criticado que no se haya hecho “nada” por cambiar el modelo.

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Por todo ello, la representante de la Marea de Residencias ha solicitado “una investigación para que esto cambie y no vuelva a ocurrir”, así como una reparación. “Estamos bastante indignadas y venimos aquí para pedirles un compromiso, una misión de observación de diputados del Parlamento europeo que vaya a España, concretamente a la Comunidad de Madrid, para que evalúe las decisiones tomadas durante la covid que afectaron a las residencias con consecuencias fatales”, ha aseverado López, que ha acudido a Bruselas junto a otra familiar afectada, María Jesús Valero. Sin embargo, sus reclamaciones no han recibido el apoyo esperado por parte de la Comisión Europea.

No es competencia de la UE

Después de la exposición de López, ha tomado la palabra Dana-Carmen Bachmann, jefa de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, y tras mostrar su solidaridad con los familiares de los mayores que fallecieron en las residencias madrileñas, ha indicado que la institución no tiene competencias para atender la petición planteada por la Marea de Residencias. “No hay legislación europea que regule la calidad de las residencias, que vele por el cumplimiento de las normas. No puede haber un mecanismo de monitorización individual en cada residencia”, ha resumido Bachmann, si bien confía en que los familiares puedan recurrir a otras instancias en España para pedir soluciones. “La vía de acción va por ahí”, ha asegurado.

Bachmann también ha recordado que tras la crisis generada por el covid, la comisión puso en marcha “una estrategia de atención europea para velar por el cuidado de las personas mayores y menores” con propuestas para mejorar los sistemas sanitarios y la atención, además de un plan dotado con 2.000 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation para centros de día y centros no residenciales.

“Una privatización del sistema”

Las reivindicaciones expresadas por la Marea de Residencias han sido por otro lado respaldadas por el eurodiputado de la Izquierda Europea Miguel Urbán, que ha criticado la gestión de Ayuso en las residencias durante la pandemia, la falta de personal, los precios “desorbitados” que deben pagar los usuarios y, en definitiva, una “privatización” del sistema. Urbán también ha asegurado que desde entonces la situación de los trabajadores de esos centros solo ha empeorado y ha pedido medidas para que no se vuelva a repetir.

“La pandemia de la precariedad está ahora en las residencias de Madrid”, ha aseverado para después tildar de “empresas buitres” a las compañías que gestionan esos centros en la región. “Debe haber un plan que ponga lo público en el centro”.

Por su parte Miranda Paz, eurodiputada del BNG en el Parlamento Europeo, también se ha mostrado a favor de que se promueva una investigación sobre los fallecimientos en las residencias y ha rechazado la postura de la Comisión Europea. “No nos vale la respuesta de la comisión, fueron muchas las personas que fallecieron” y, por tanto, ha añadido, se deberían activar los mecanismos necesarios antes de que acabe la legislatura.

En esa misma línea se ha expresado la eurodiputada Sira Rego, de Unidas Podemos, que ha descartado que lo ocurrido en las residencias de Madrid sea un problema del sistema público de salud y lo ha atribuido a “decisiones políticas”. Impedir el traslado de personas mayores a hospitales formaba parte del “protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid”y, por tanto, “es responsabilidad política” de ese gobierno autonómico. “Lo que ocurrió fue consecuencia de una decisión que tomó Ayuso y habría que depurar responsabilidades”, ha aseverado Rego, que se ha mostrado muy crítica con Europa al no poner en marcha medidas al respecto pero “sí aplicar recortes” y políticas de austeridad en España.

Por su parte, el eurodiputado Pablo Arias Echeverría, del Grupo Popular Europeo, ha defendido la gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, al asegurar que “se respondió de manera responsable”, y especialmente Ayuso, que “logró material sanitario cuando nadie lo conseguía”.