La Fiscalía de la Comunidad de Madrid se ha opuesto a solicitar la extradición de Daniel Sancho para juzgarle como presunto autor de un delito de lesiones cometido en noviembre de 2019, cuando agredió a un hombre en la madrileña calle de José Abascal tras recriminarle que se hubiese colado para coger un taxi. Según ha informado el ministerio público este lunes, existen medidas “alternativas” a la extradición -como el sistema de videoconferencia- que también permitirían la celebración de este juicio, en el que la Fiscalía pide un año de prisión para Sancho.
En el escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que lleva la causa, el fiscal subraya que no consta que la estancia del acusado en Tailandia “busque sustraerse de la Justicia española porque siempre ha estado a disposición del juzgado en todos los emplazamientos recibidos”.
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La madrugada del 9 de noviembre de 2019, cuando tenía 25 años, Daniel Sancho acudió a la calle José Abascal de la capital, donde varias personas esperaban para coger un taxi. Sin respetar la cola, Sancho se subió a uno de los vehículos, una actitud que le recriminó uno de los presentes. La reacción del hijo del actor Rodolfo Sancho fue propinarle un puñetazo en la cabeza por el que la víctima precisó de cinco puntos de sutura.
El procedimiento judicial se abrió y la Fiscalía presentó su escrito de acusación para Sancho, para quien pide un año de prisión. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2021, el juez dictó un auto de apertura de juicio que le fue notificado al acusado el 18 de enero de 2022, por lo que la causa estaba a la espera de señalar la fecha para el juicio. Tras un año y medio de paralización del procedimiento, Daniel Sancho ingresó en prisión provisional por el crimen de Edwin Arrieta. El hijo del citado actor permanece encarcelado en la prisión de Koh Samui.
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Juicio por videoconferencia
Ante esta situación, La Fiscalía se ha posicionado en contra de solicitar la extradición del acusado para juzgarle por la agresión ocurrida en Madrid en noviembre de 2019. Argumenta que su estancia en Tailandia no obedece a una intención de fuga de la Justicia española. Además, recuerda que el único convenio vigente en la materia entre España y Tailandia solo permite la entrega de personas que hayan sido declaradas culpables y condenadas.
Por todo ello el ministerio público se decanta por juzgar a Sancho por videoconferencia o a través de “cualquier alternativa, atendiendo al principio de reciprocidad que estaría vigente entre ambos países”. Para finalizar apunta que el acusado “es fácilmente localizable por las autoridades judiciales tailandesas”.
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