Las víctimas del terrorismo solo piden dos cosas: justicia y que no se les olvide. De lo primero se encargan los tribunales. De lo segundo, la memoria colectiva. Durante el mandato de Manuela Carmena (2015-2019), el Ayuntamiento de Madrid diseñó un Plan Estratégico de Derechos Humanos que incluía un ‘Itinerario de la libertad’ para “producir, colocar y mantener” placas que, por ejemplo, homenajearan a las víctimas de la barbarie terrorista en diversos puntos de Madrid. De hecho, se empezaron a colocar algunas. No muchas.
De hecho, las víctimas sabían que faltaban bastantes por instalar. Por eso, Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, escribió en marzo de este año al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, sucesor de Carmena al frente de la Alcaldía, para preguntarle, por ejemplo, por qué en el número 60 de la avenida de Badajoz no había ninguna placa en recuerdo del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol Lombardero, que en octubre del año 2000 fue asesinado por ETA en ese mismo lugar. En el atentado también fallecieron el conductor y el escolta del juez, y un chófer de un autobús municipal que pasaba por allí en el momento que estalló la bomba colocada por los terroristas, que hirió a otras 64 personas y provocó destrozos en más de 700 viviendas.
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La respuesta que recibió Portero a finales de mayo por parte del Ayuntamiento roza el surrealismo. Según la Dirección General de Patrimonio Cultural del Consistorio, la placa que recuerda a estas cuatro víctimas de la avenida de Badajoz coge polvo en un almacén municipal desde junio de 2019, hace ya cuatro años. La placa en cuestión fue construida durante el mandato de Carmena, pero “nunca se hizo gestión alguna en cuanto a los permisos necesarios para su instalación en la fachada correspondiente”.
No es la única placa que descansa en el almacén municipal. “En esta misma situación había otras 57 placas más del programa de homenaje a las víctimas del terrorismo. Por tanto, todas estas placas están ya fabricadas pendientes de gestionar su instalación y proceder a su colocación”, reza el escrito del Ayuntamiento. Pero, ¿por qué no se han instalado?
El Ayuntamiento reconoce que, al principio, hubo “dificultades” para gestionar y obtener los permisos necesarios de las comunidades de propietarios “para la colocación de las placas en las fachadas de los edificios próximos a los lugares de los atentados”. Y, en segundo lugar, las asociaciones de víctimas se dieron cuenta de que las placas no tenían la bandera de España. Así que ya con Almeida en el poder, a partir de 2019, se decidió que las placas se fabricaran de nuevo para incorporar la enseña nacional.
También se tomó otra decisión. Ya que había dificultades para colocarlas en las fachadas de los edificios por las reticencias de algunas comunidades de propietarios, la solución pasaba por fijar las placas en un poste de señal para que pudieran ser instaladas en la vía pública. Pero con esta solución llegaron nuevos problemas. “A los pocos meses de preparar el expediente de contratación, la Intervención del Ayuntamiento emitió informe negativo a la convocatoria del concurso público, en base a que si bien las placas a fabricar eran distintas a las acopiadas (con bandera española y con poste para su colocación en vertical), estimaba que las ya fabricadas y pagadas podían reutilizarse y adaptarse al nuevo formato”.
El objetivo era ahorrar y no duplicar placas. En 2021 el Ayuntamiento contrató a un ingeniero para que diseñara un soporte específico en el que puedan insertarse las placas ya fabricadas y así poder colocarlas en la vía pública o en zonas ajardinadas adyacentes. Actualmente se encuentra en tramitación el contrato para fabricar esos postes ya diseñados, que será adjudicado en septiembre de este año 2023. Las previsiones son empezar a colocar las 58 placas, con la bandera de España incluida, a partir de octubre. Entre ellas, está la placa del atentado que costó la vida al magistrado Querol. Más de cuatro años después.
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