Rebajas fiscales a la electricidad, reducción del IVA de algunos alimentos, subvenciones al abono transporte... Muchas han sido las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo socialista para paliar el alza de precios que se ha producido en los últimos meses. Sin embargo, la retirada de este apoyo fiscal a hogares y empresas impulsaría en 1,5 puntos la inflación para el próximo año, lo que situaría a España entre uno de los países con el nivel de precios más alto de la Unión Europea.
El amplio abanico de medidas desplegadas en 2022 y 2023 por los países del área del euro, incluido España, ayudaron a sostener la actividad el pasado año, y está previsto que lo hagan también en 2023, si bien su retirada impulsará al alza los precios de consumo en los próximos años, especialmente en 2024. En concreto, el Banco de España estima que la reversión de medidas supondrá un aumento de la inflación en 2024 de 1,5 puntos porcentuales. Es decir, que si tenemos en cuenta las últimas previsiones del supervisor, que situaba el IPC en el 3,6% para el próximo año, el fin de estas medidas elevaría la tasa de inflación al 5,1%. Con esta cifra, España casi duplicará la inflación registrada por sus homólogos europeos.
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Si bien es cierto que el alza de precios es una problemática generalizada en toda Europa, la realidad es que en España, la vuelta a un IPC más moderado va a ser más larga que para el resto de países. Así lo muestran los últimos datos de la OCDE, que arrojan un futuro preocupante: en España, sin tener el cuenta el impacto de la retirada de las medidas anticrisis, la inflación bajará tan sólo dos décimas en 2024, mientras que en resto de países se reducirá a la mitad de lo registrado en 2023.
Para 2023, la inflación baja en todas las economías: la media de la eurozona se situará en el 6,2%, cifra inferior a la de Alemania e Italia, que registrarán un IPC del 6,7% este año, mientras que en Francia, la inflación se situará en el 5,5%. En la parte baja de la tabla se encuentra España, donde el IPC previsto para 2023 bajará al 4,2%. De cara a 2024, la inflación se reducirá a la mitad en las grandes economías de la UE, según los datos de la OCDE: en Alemania bajará al 3,1% y en Francia e Italia se reducirá al 2,5%. Sin embargo, tras el fin de las medidas, España registrará un IPC del 5,1%, aumentando aún más la diferencia con el resto de países de la Unión Europea.
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En España, se estima que las medidas adoptadas desde mediados de 2021 para mitigar las consecuencias de la elevada inflación sobre los agentes económicos tendrán un impacto presupuestario de unos 37.000 millones de euros en el horizonte temporal 2021-2025. Según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, las medidas que se han definido como temporales, no se han orientado suficientemente hacia los agentes más vulnerables frente al shock inflacionista, de modo que los efectos sobre estos podrían haber sido mitigados a un coste fiscal menor.
En el caso español, el hecho de que el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas mantengan niveles muy elevados hace necesario iniciar, ya en 2023, la implementación de un plan de consolidación fiscal que permita reducir gradualmente esta vulnerabilidad y recuperar el margen de maniobra de la política presupuestaria ante eventuales perturbaciones negativas en el futuro.
Más aún si se tiene en cuenta que la inflación ha contribuido a la reducción del desequilibrio fiscal en 2022, pero su efecto a largo plazo sobre las finanzas públicas será menos favorable o incluso negativo, ya que su impacto al alza sobre el gasto público se produce con un cierto retardo, y que existen algunas dudas sobre el grado de transitoriedad de las elevadas dinámicas de crecimiento de los ingresos impositivos de los últimos años.
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