Grave crisis en el PP: acusaciones de corrupción y espionaje abren una fractura sin precedentes en la derecha española

El Partido Popular, principal fuerza de oposición en España, ha saltado por los aires. En una jornada llena de dramatismo, gruesas acusaciones, presuntos espionajes y cobros de comisiones ilegales, el divorcio entre dos viejos amigos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Pablo Casado, se ha retransmitido en vivo y en directo. Tras seis meses de guerra soterrada, las diferencias se han resuelto en público. Un duelo fratricida que nadie sabe aún qué consecuencias, legales y políticas, puede tener.

El enfrentamiento entre Ayuso y Casado viene de lejos. Ella quiere controlar ya la formación en Madrid; el quiere retrasar ese momento. Desde septiembre Madrid se ha convertido en un mentidero, una ciudad donde las sospechas de corrupción planean de forma insistente sobre la presidenta autonómica y su entorno.

Las hostilidades se desataron el miércoles por la noche. Trascendió en dos medios de comunicación que Génova (sede central del PP en Madrid) habría ordenado espiar al entorno de Díaz Ayuso.

El presunto espionaje pretendía demostrar que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de Madrid, había cobrado una comisión de 248.000 euros de una empresa que se benefició de un contrato de 1,5 millones de la Comunidad de Madrid. Un contrato a dedo, sin concurso público y amparado por el descontrol que permitían las circunstancias especiales que rigieron en España durante los primeros meses de la pandemia.

Durante toda la mañana del jueves la información se extendió y creció con más detalles. Entre otros, que un personaje oscuro de las cañerías del PP, Ángel Carromero, era quien se había encargado del trabajo sucio. Carromero es una de las personas de máxima confianza del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también del PP. Almeida desmintió cualquier implicación de su equipo en espionaje alguno contra la presidenta de la Comunidad. Horas después, Carromero dimitió. Unas grabaciones lo implican presuntamente en el caso.

Mientras, la dirección nacional del PP callaba. Ayuso callaba. Hasta mediodía, cuando se desató la tormenta, una crisis de dimensiones aún difíciles de evaluar.

Pasadas las 12.30 horas, Isabel Díaz Ayuso compareció ante los medios de comunicación. Y leyó palabra por palabra lo que tenía que decir y dijo. “Nunca imaginé que mi partido actuara de una forma tan cruel contra mí y mí familia”, comenzó.

En un tono durísimo, sin apenas un titubeo, dirigió sus andanadas contra el líder del PP, Pablo Casado: “Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos”.

Más aún: “Que la oposición me ataque es lógico; pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato”.

Ayuso habló de la contratación de una agencia de detectives por parte de su propio partido, de que esta contratación se había hecho a través de una empresa pública del Ayuntamiento de la capital (también gobernado por el PP), y de que se había fabricado un informe para acabar con ella. “El hecho de preparar un dosier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente”, afirmó.

También habló del contrato y explicó que sí, que su hermano había actuado de intermediario, pero que todo es legal, que todo está fiscalizado, que todo está controlado por la intervención de la Comunidad. “Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está presentado ante Hacienda, declarado y en A [no en B, en dinero negro]. Como hace cualquier comercial honrado”, dijo.

El contrato, sin embargo, es la excusa para una guerra interna sin cuartel entre Ayuso y Casado que se inició el pasado verano.

A lo largo del mes de agosto, pero con más virulencia a partir de septiembre de 2021, Ayuso exigió el adelanto del Congreso del Partido Popular de Madrid para hacerse con el control del PP en la región. Como presidenta maneja un presupuesto público de casi 22.000 millones de euros al año. Parte del cual se destina a inversiones en los 179 municipios de la Comunidad. Como presidenta, Ayuso tiene potestad para designar a los candidatos a la Alcaldía de cada uno de esos pueblos. No es, por tanto, baladí querer controlar el partido.

Las pretensiones de Ayuso fueron, sin embargo, frenadas en seco por la dirección nacional del partido. El Congreso de Madrid para elegir presidente o presidenta tenía una fecha marcada en el calendario -el último de los previsto para este año 2022- y no había razón alguna para modificarla.

La insistencia de Ayuso fue tal, que en el PP se pensó que no era sólo una cuestión de poder. Entonces llegó a manos de Casado la información sobre los contratos del hermano de la presidenta. La llamó al despacho, le contó la explicación que tenía y que quería aclaraciones.

Ella dice que las dio. El partido, que nunca ofreció explicaciones sobre lo que se le había planteado.

El secretario general del partido, Teodoro García Igea, compareció poco después de la intervención de Ayuso. Explicó esto mismo, y dijo que él, porque así lo ordenan los estatutos del partido, ordenó investigar. No espiar. Lo hizo en este caso y en todas las denuncias que han llegado al partido, porque no quiere que se vuelvan a producir los casos de corrupción que en la primer década del siglo erosionaron al partido hasta echarlo del Gobierno.

Esta reunión entre Casado y Ayuso fue el inicio del fin de una relación más allá de la política. Casado y Ayuso eran amigos. Él, una vez convertido en presidente del PP, decidió apostar por Ayuso, casi una desconocida, como candidata a presidir la Comunidad. Dos años después, se han destrozado públicamente.

El penúltimo episodio del drama llegó pasadas las tres de la tarde. Entonces compareció la mano derecha de Casado. Teodoro García Egea negó que se hubiera contactado con agencia de detective alguna, que se hubiera ordenado espiar a la presidencia de la Comunidad y que se hubiera preparado un dosier contra Ayuso.

Egea anunció la apertura de un expediente informativo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por sus acusaciones “casi delictivas” contra Casado y la dirección nacional. Los servicios jurídicos del partido están estudiando las acusaciones de Díaz Ayuso. El PP se reserva, dijo Egea, las acciones legales oportunas contra la presidenta de Madrid.

El partido está herido. Y acorralado por el crecimiento de Vox, el partidario ultraderechista de España. Casado y Ayuso mantienen el pulso, pero no hay analista que no llegue a la misma conclusión: sólo puede quedar uno. O mueren (políticamente) los dos.