Defensoría del Consumidor cerró el primer trimestre del año con más de $900 mil en multas, en El Salvador

La Defensoría del Consumidor de El Salvador impuso más de $900 mil en multas durante el primer trimestre del año, resultado de un control reforzado sobre irregularidades detectadas en la cadena de suministros, principalmente en comercios que distribuyen productos de la canasta básica.

Durante las últimas semanas la institución desplegó una estrategia intensiva de inspección orientada a identificar prácticas abusivas y proteger el poder adquisitivo de la población salvadoreña.

La cifra marca un umbral relevante: de enero a marzo, la Defensoría ya roza el millón de dólares en sanciones, situándose en un ritmo que, de mantenerse, podría superar los registros de ejercicios anteriores. El año pasado, las multas impuestas alcanzaron más de $3 millones, superando en un millón al año precedente, según explicó Ricardo Salazar en entrevista matutina.

El funcionario señaló que “prácticamente estamos cerrando el primer trimestre del año con esta cifra, de más de $900 mil en multas. Estamos ya cercanos al millón de dólares”.

Las sanciones respondieron a resultados de más de 6,600 verificaciones a lo largo del país, concentradas en sectores estratégicos de la canasta básica como granos, lácteos, verduras y carnes. La vigilancia parte del mandato de evitar incrementos injustificados de precios y se extiende a toda la cadena, desde importadores hasta procesadores y comerciantes minoristas.

Salazar detalló que el propósito es “garantizar una canasta básica accesible a nuestra población”, por lo que el monitoreo es constante en productos fundamentales, incluidos el arroz, frijol, maíz, azúcar y productos perecederos.

Las prácticas sancionadas: desde productos vencidos hasta información insuficiente

Un bloque significativo de multas se derivó de la identificación de productos vencidos en comercios principalmente detectados en restaurantes. Durante la Semana Santa, durante este período la Defensoría detectó 543 productos con fecha de caducidad sobrepasada en 555 inspecciones realizadas a nivel nacional.

Destacó que el 85% de estos artículos estaban almacenados en áreas de cocina, lo cual agudiza el riesgo para el consumidor, quien no tiene acceso visual a los ingredientes utilizados en su comida.

Salazar subrayó la gravedad de este hallazgo: “Un producto vencido representa un alto riesgo a la salud de los consumidores”. Enfatizó que la Defensoría levanta medidas cautelares inmediatas, que comprenden la destrucción de estos productos y la apertura automática de un procedimiento sancionatorio.

El índice de cumplimiento en restaurantes y comercios inspeccionados fue del 68%, uno de cada tres establecimientos presentó algún nivel de infracción. Las peores prácticas incluyeron también la falta de mecanismos de atención al consumidor, con 126 casos detectados, principalmente en la zona central y la ausencia de precios a la vista en 13 comercios, lo que afectó a más de 491 productos.

La ley exige que todo comercio proporcione un mecanismo claro para recibir y gestionar reclamos, así como la entrega de un número de gestión para garantizar el seguimiento de la denuncia.

Semana Santa: 555 verificaciones y enfoque multidimensional

Durante la reciente temporada de Semana Santa, la Defensoría del Consumidor activó su Plan Verano 2026, concentrando recursos en hoteles, restaurantes, puntos turísticos y comercios de alta circulación. Más de 120 personas participaron en el operativo, dedicadas a fiscalizar no solo alimentos, sino también prácticas comerciales relacionadas con la contratación de servicios, etiquetado y promociones.

Dentro de la vigilancia, la institución atendió también denuncias sobre diferencias de precios al pagar con tarjeta, detectando cuatro casos de sobrecargos indebidos. Se identificaron cinco incumplimientos en materia de promociones y ofertas no claras, principalmente en la zona central y oriental.

La Defensoría estableció puntos de atención temporales en los principales atractivos turísticos, donde recibió consultas y denuncias directas de la ciudadanía. “Aunque usted se retire de nuestro país, su caso continúa siendo atendido. Le mantendremos informado para brindarle una atención oportuna”, explicó Salazar en la entrevista.

El proceso de sanción: de la detección a la ejecución

Las multas impuestas responden a infracciones tipificadas por la Ley de Protección al Consumidor como leves, graves o muy graves. En el caso de los alimentos vencidos o cobros indebidos, la sanción puede alcanzar hasta 500 salarios mínimos. La falta de información sobre promociones y precios visibles se castiga con multas de hasta 200 salarios mínimos.

El procedimiento sancionatorio inicia con la presentación del acta de inspección ante el tribunal de la Defensoría, donde el proveedor tiene derecho a defensa y a presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia si lo considera conveniente.

Según Salazar, “alrededor de dos terceras partes de todas las multas que estamos imponiendo son pagadas por parte de los proveedores”. El resto pasa a instancias judiciales para su cobro, a través de gestiones de la Fiscalía General de la República.

La reincidencia en infracciones puede elevar la cuantía de la multa y activar la intervención de otras entidades del Estado en materia de permisos de funcionamiento y medidas higiénicas.