Lenguaje inclusivo en las escuelas: se realizó la audiencia por los amparos presentados y hay incertidumbre

Este miércoles al mediodía se llevó adelante la audiencia por los amparos presentados contra la resolución que prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos. Tanto funcionarios del gobierno porteño como representantes de asociaciones LGBT y dirigentes de la oposición se presentaron ante la jueza Romina Tesone, quien tiene a cargo la disputa.

Hace poco más de un mes, el ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña decidió regular el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, más puntualmente quitar aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@”. La medida alcanza tanto a los establecimientos públicos como a los privados de la Ciudad y a los tres niveles obligatorios, y rige para el trabajo de los docentes en el aula y para las comunicaciones con las familias.

Tras conocerse la medida, distintas organizaciones LGBT, sindicatos docentes y funcionarios del Frente de Todos y de la izquierda presentaron amparos con el objetivo de frenar la resolución que consideran “conservadora y antiderechos”. Todos las presentaciones confluyeron en un amparo colectivo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, a cargo de la jueza Romina Tesone.

La jueza convocó a la primera audiencia hoy miércoles a las 11:30. La sesión se extendió durante casi tres horas. Por el lado del ministerio de Educación porteño, estuvieron presentes ocho funcionarios entre los que se encuentran Lucia Feced, subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Nancy Sorfo, directora de Educación Primaria y Carolina Ruggero, directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa.

“El resultado de la audiencia fue positivo. Pudimos dejar en claro la importancia de la medida y sostener nuestra posición. Se respondieron todas las consultas de la jueza, del asesor tutelar y de la fiscal, que son quienes tienen que armarse de un criterio para después resolver la medida cautelar”, expresaron en la cartera educativa.

En el gobierno porteño hay cierto “optimismo” de cara a la resolución del conflicto ya que es la primera vez que tienen más presentaciones a favor que en contra. En total, son ocho presentaciones a favor y seis en contra. “Esto es una complejidad para la jueza”, afirman. La doctora Tesone era mirada con recelo por el oficialismo porque había fallado, por ejemplo, contra una cautelar de padres para que haya clases presenciales durante la pandemia, en plena disputa con el gobierno nacional por la presencialidad escolar.

Del lado de los amparistas, en la audiencia de hoy participaron representantes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), las legisladoras Laura Velasco y María Bielli, la dirigente del FIT Celeste Fierro y el director del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, Francisco Quiñones Cuartas.

“Esta resolución es contraria a la Constitución Nacional, pero también a la de la Ciudad, progresista y de vanguardia, que plantea la perspectiva de género. Va en contra de las leyes de ESI, de la de Identidad de Género y de la que hoy permite, en Argentina, el DNI no binario. Es muy grave porque en la resolución Acuña dice que algunas de estas expresiones podrían ser espejo de una ideología, que nos hace pensar en esa expresión “ideología de género”, en una bolsonarización de la política en contra de pensar una Ciudad y una Argentina más inclusivas”, señaló la legisladora Velasco.

Para Acuña, la presencia del lenguaje inclusivo en las escuelas no es marginal como se cree. Al contrario, asegura que está cada vez más presente y dificulta la adquisición de la lengua. En especial, dice, se observa en los carteles que se despliegan en los colegios y considera “ambientes alfabetizadores que, en lugar de reforzar la adquisición del lenguaje, generan confusión”.

Hasta el momento, ninguna jurisdicción de la Argentina había regulado el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. A nivel internacional, los funcionarios porteños toman como ejemplo dos experiencias. Por un lado, Uruguay, a través de una circular para todas las escuelas del país, dispuso que las expresiones inclusivas siempre se deben ajustar a las reglas del idioma español. Francia, por su parte, desaconsejó el uso de la llamada escritura inclusiva ya que “constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la palabra escrita”.

De ahora en más, la jueza debe pedir una nueva intervención al asesor tutelar y a la fiscal para que dictaminen y se expidan sobre la medida cautelar. El final parece abierto. Si bien hay cierto optimismo en el gobierno porteño, las amparistas esperan que se pause la prohibición de lenguaje inclusivo hasta que resuelva la jueza. Los tiempos son acotados ya que la próxima semana comienza la feria judicial.

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