Un informe privado afirma que la desregulación comercial pone en riesgo más de 400.000 puestos de trabajo

La desregulación comercial implementada por el Gobierno podría derivar en la pérdida de 431.452 puestos de trabajo, 1,9% del total. El mayor riesgo se concentra en los sectores industriales, que son los principales afectados por el aumento de importaciones. Especialistas consideran necesario el diseño de políticas productivas y laborales para los rubros y perfiles más expuestos al cambio.

Así lo indica un informe del think thank Fundar. “En un contexto de bajos niveles de actividad, el proceso de apertura agrava la vulnerabilidad de segmentos laborales específicos, con posibles efectos a largo plazo en la estructura productiva de Argentina”, afirman.

Aunque la eliminación de barreras comerciales puede impulsar el crecimiento económico, el éxito depende en gran medida de que la iniciativa se traduzca en mejoras de productividad o en mayores inversiones.

Fundar destaca que la quita de restricciones a los bienes de consumo beneficia a los consumidores al reducir precios, que es la principal estrategia de la Casa Rosada. Asimismo, la flexibilización en la importación de bienes de capital e insumos intermedios facilita el acceso a tecnologías más avanzadas, potenciando el crecimiento.

La contracara es la amenaza que representa para la producción local y el empleo asociado, con la posibilidad de despidos masivos, reducción de salarios e incremento de la informalidad, algo que ya ocurrió en la liberalización comercial de las décadas de 1980 y 1990.

El 65% de los puestos de trabajo en riesgo (282.094) pertenecen a la industria manufacturera, particularmente a sectores como textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electro-electrónica, altamente expuestos a la competencia externa. Le sigue comercio (62.355 empleos), transporte y comunicaciones (33.710), servicios profesionales y empresariales (19.880), agro (13.968) y finanzas (5.971), entre otros.

Por regiones, el 74% de los trabajadores eventualmente impactados corresponden solo cuatro jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires (alrededor de 177.000 empleos), CABA (69.000), Córdoba (36.000) y Santa Fe (35.000). Esto debido a su estructura productiva fundamentalmente industrial.

Desagregado por género, las medidas de apertura comercial afectarán más a los varones (311.000 puestos de trabajo en riesgo) que a las mujeres (120.000). La diferencia responde a la alta participación de los primeros en el mercado laboral y a los rubros donde tienen mayor presencia. Por rango etario, aquellos que se verían perjudicados son fundamentalmente los adultos jóvenes de entre 25 y 44 años.

El think thank resalta que la desocupación (que ascendió a 7,9% en el primer trimestre de 2025) vinculada a la recesión podría ser transitoria, no así los empleos perdidos por la reforma comercial.

“Las medidas de apertura impactan con mayor fuerza cuando no se articulan adecuadamente con otras políticas económicas. En particular, una apreciación del tipo de cambio real reduce la competitividad de la producción nacional frente a los bienes importados, acelerando el ingreso de productos externos y profundizando la crisis”, explica Fundar.

Detallan que si el tipo de cambio real se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.158 puestos, es decir, 76.294 menos que en el escenario simulado con el de abril pasado.

“Por eso, es fundamental que el diseño de la política comercial contemple su interacción con el régimen cambiario, la política tributaria y la política productiva. De lo contrario, los efectos sobre el entramado productivo local se agravarán. Promover un tipo de cambio real competitivo, reducir la presión tributaria y facilitar el acceso a financiamiento deben ser parte de una estrategia integral”, añaden.

En este contexto, en Fundar creen imprescindible acompañar la liberalización con gradualismo y reformas que mejoren la competitividad de las empresas y se anticipen a los efectos sociales de la apertura. “Esta voluntad debe traducirse en acciones concretas con un timing adecuado”.

“Los gobiernos subnacionales son actores clave para diseñar e implementar programas de reconversión productiva y laboral. Su capacidad para hacerlo varía entre jurisdicciones, por lo que será necesario fortalecer sus herramientas técnicas, financieras e institucionales. El éxito de las estrategias de transición dependerá en buena medida del protagonismo que asuman estas provincias y municipios”, subraya el informe.

Una por una, todas las medidas de desregulación comercial

1. Impuesto PAIS. La alícuota aumentó del 7,5% al 17,5% para fletes internacionales e importación de bienes. Sin embargo, en septiembre de 2024 se redujo nuevamente al 7,5% y a fines de ese año dejó de estar vigente tal como establecía originalmente la ley.
2. Facilitación para el pago de importaciones. Se lanzó el Bono Para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) en dólares para regularizar deudas previas y flexibilizar el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios. Además, en múltiples fechas, se fueron acortando los plazos para los pagos de importaciones.
3. Reemplazo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) por el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI). Cambia el mecanismo de licencias y permisos de importación gestionados por la Secretaría de Comercio por un sistema de Declaración Jurada Anticipada sin autorización previa, eliminando barreras discrecionales.
4. Eliminación del sistema de Licencias Automáticas (LA) y Licencias No Automáticas (LNA). Las LA tenían aprobación inmediata, mientras que las LNA (que llegaron a abarcar más de la mitad de las importaciones) requerían evaluación y autorización previa de la Secretaría de Comercio.
5. Eliminación del requisito de evaluación de Capacidad Económico Financiera (CEF). Anteriormente, se exigía una verificación por parte de la AFIP para certificar que los importadores contaban con suficiente solvencia financiera para importar. En la práctica, limitaba el acceso a importaciones de manera poco transparente.
6. Implementación de medidas de facilitación de importaciones. Se destacan la simplificación del ingreso de materiales eléctricos industriales y temporales de insumos para exportadoras (Régimen de Reposición de Existencias - REPOSTOCK), y la exención de aranceles y tasas para bienes de capital nuevos y repuestos bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
7. Eliminación de Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y control de etiquetado en textiles, prendas de vestir y calzado. Se suprime la obligación de informar la composición de materiales y la revisión aduanera previa.
8. Eliminación del canal rojo obligatorio. Se suprimen controles aduaneros (físicos y documentales) para textiles, confecciones, calzado y productos con medidas antidumping vigentes, pasando a verificaciones aleatorias estándar.
9. Baja de aranceles de importación sobre varios productos. Se reducen gravámenes a heladeras, lavarropas, hilados de poliéster, neumáticos, insumos plásticos, fertilizantes, herbicidas, café molido, bicicletas, pequeños electrodomésticos, moldes y matrices.
10. Derogación y flexibilización de reglamentos técnicos. Se suprimen normas sobre productos gráficos, papel, útiles escolares, tuberías de aluminio, tintas, barnices, sanitarios, acero, construcción, cerámicos y bicicletas, permitiendo certificaciones internacionales. También se modifica el Reglamento Técnico de Seguridad Eléctrica.
11. Eliminación de valores criterio de importación. Se suprimen referencias mínimas de precios que se utilizaban para evitar subfacturación y competencia desleal en indumentaria, calzado, alimentos y otros bienes.
12. Reducción de impuestos en envíos Courier (PSP). Se eliminan aranceles y tasa estadística a las importaciones no comerciales realizadas vía Courier (PSP), con un tope de USD 400 FOB por envío y un límite de 5 envíos anuales por persona.
13. Modificación del sistema antidumping. Se acorta la duración de las medidas antidumping de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3 años con una única posibilidad de extensión por 2 años más.
14. Derogación del SEDI. Se considera innecesario continuar recabando información anticipada sobre las operaciones de importación.
15. Baja de aranceles de importación en el sector textil-indumentaria y calzado. Ropa y calzado pasan del 35% al 20%, telas del 26% al 18%, e hilados del 18% a un rango de entre el 12% y el 16%.
16. Bienes de capital usados. Se elimina la obligación de tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).
17. Baja de aranceles de importación en celulares y consolas. Celulares pasan del 16% al 8% (y pasarán al 0% en enero 2026), videoconsolas del 35% al 20%.