Impuesto a la vivienda vacía y empresa estatal de alimentos: el Gobierno amenaza con más intervención mientras sigue la agenda del FMI

Tapar con el codo lo que se escribe con la mano o, más precisamente, disimular con la izquierda lo que se anota con la derecha. Cualquiera de esas metáforas puede resultar útil para describir los acontecimientos de las últimas horas. Al mismo tiempo que el Gobierno avanza punto por punto con varios de las principales exigencias del Fondo Monetario, desde la Casa Rosada le dan aire y difusión a iniciativas de improbable implementación pero lo suficientemente provocativas, surgidas del riñón de funcionarios identificados con el kirchnerismo más duro como el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

Así, el día que el Banco Central adoptó una de las medidas más difíciles de digerir para este sector, una suba de las tasas de interés incluso más agresiva de lo que se venía anunciando al llevarla a 42,5% anual, la noticia compitió en repercusión con la confirmación por parte de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dos nuevas iniciativas intervencionistas para la economía. Por un lado, la aplicación de un impuesto a las viviendas ociosas y, por el otro, la creación de una Empresa Nacional de Alimentos (ENA). Ambas ideas, sostuvo, en análisis como antídoto a la suba de precios. Casi al mismo tiempo, se desarrollaba la audiencia pública para ajustar las tarifas de la electricidad, que incluyó la advertencia de la Secretaría de Energía respecto del fuerte salto en los costos de generación que se producirá este año. Todo esto en coincidencia con la política del BCRA de acelerar el ritmo de devaluación, que pasó en dos meses de 1% al 3% mensual, tal como lo exige el FMI, y las insistentes declaraciones de Feletti advirtiendo sobre la necesidad de “más regulaciones” para combatir la inflación.

Lo cierto es que ambas iniciativas son, más allá de su discutible efectividad, también de muy dudosa viabilidad, detalle que no se le escapa al Gobierno. El principal escollo, es obvio, está en el Congreso,

La creación de un impuesto a los inmuebles vacíos, como cualquier nuevo tributo, tiene que hacerse por ley, para lo cual sería imprescindible el apoyo de parte de la oposición. Pero aún cuando en la discusión por la modificación a la ley vigente de alquileres, conocida como Ley Lipovetsky, se aprobara un “impuesto castigo”, existe poca evidencia sobre el verdadero impacto. Es cierto, tal como repiten quienes lo promueven como el representante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, que existen países que lo aplican. Francia, Alemania o Dinamarca son algunos ejemplos. Incluso Uruguay. En todos ellos, sin embargo, la medida forma parte de una política integral enfocada más en solucionar problemas habitacionales que en la suba del precio de los alquileres. Más aún: en el país vecino se debate un nuevo régimen de alquiler sin garantías pero con “desalojo exprés” por incumplimiento. Por exprés se entiende no más de 20 días desde la falta de pago.

“En los lugares en los que se aplican estas medidas, se hace en el marco de un enfoque integral de aumento de la oferta, en el que se suele establecer un sendero de incentivos, beneficios hasta penalidades”, explicó el economista especializado en la temática, Federico González Rouco. “No son tantos países y tampoco resulta tan claro el impacto de ese impuesto y la definición de vacía también es un aspecto a considerar, en cuanto al probable desuso por cuestiones del estado de la propiedad. Lo que sí está claro es que se hace en contextos completamente distintos, con estructuras impositivas completamente diferentes”, agregó González Rouco.

También la creación de una nueva empresa estatal de alimentos, advierten los especialistas, requiere de la aprobación por ley. Otra vez, difícilmente el proyecto pueda pasar (si es que llega) el filtro del Congreso, aun cuando eventualmente pueda crearse por decreto de necesidad y urgencia. En cualquier caso, la idea plantearía una nueva dificultad para el ministro de Economía, Martín Guzmán, encargado de ajustar las cuentas públicas. Desde esta perspectiva, las empresas públicas son un millonario dolor de cabeza para el ministro. En los últimos dos años, el déficit de estas compañías creció más del doble al pasar, en conjunto, de los USD 1740 millones a fin de 2019 a los USD 3.800 millones en 2021. La cifra equivale a 0,7% del PBI, relación incluso mayor al ajuste que exige el FMI para este año. Con un desequilibrio de USD 670 millones anual, Aerolíneas Argentinas encabeza el ránking de empresas públicas deficitarias, seguida por el Correo Argentino y AySA, con rojos que insumen USD 290 millones y USD 220 millones respectivamente.

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