Una de cada tres familias inquilinas declaró tener deudas de alquiler, una proporción que llega al 41% en el caso de los hogares que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020. Los datos corresponden a una encuesta realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín entre inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires.
En base en esta encuesta, el organismo presentó un Índice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI), que permite medir el mayor o menor grado de vulnerabilidad de los hogares inquilinos. “En un contexto de incertidumbre económica y precariedad laboral, el peso creciente del alquiler en la economía de los hogares, el riesgo de que se interrumpan los ingresos y la posibilidad de un desalojo hacen que para muchos alquilar sea una situación habitacional cada vez más frágil”, indicaron desde el CELS.
El índice midió un conjunto de variables críticas: la calidad de la vivienda, si el contrato es escrito o de palabra, el grado de dificultad para pagar el alquiler, si se acumulan deudas y si se identifica un mayor riesgo de desalojo. Y ponderó tres niveles de vulnerabilidad inquilina: baja, media y alta.
De acuerdo al relevamiento, entre los inquilinos cuya situación es particularmente vulnerable se encuentran los hogares sostenidos por mujeres o por personas trans-travesti, los alquilan de palabra, personas desocupadas, los que reciben la AUH, jóvenes, migrantes recientes y los que alquilan en villas y asentamientos, entre otros. “Estos grupos tienden a estar más endeudados y deben destinar con mayor frecuencia una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler. Además, es más habitual que alquilen sin contrato escrito y viviendas más precarias”, señalaron.
En el caso de los hogares sostenidos por mujeres y personas trans-travesti o no binaries, la alta vulnerabilidad llega al 34% y 38%, respectivamente, mientras que en aquellos hogares que son sostenidos por un varón, la alta vulnerabilidad se reduce al 26%.
En cuanto a las diferencias por edad, la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el mayor nivel de vulnerabilidad: 33%. Esta proporción desciende a medida que crece la edad del sostén de hogar. Losmás jóvenes tienen mayor tendencia a alquilar solamente una habitación y a alquilar de palabra. Además, tienen menor estabilidad habitacional.
Los inquilinos de villas y asentamientos también concentran altos niveles de vulnerabilidad. En esta población la alta vulnerabilidad alcanza el 44%, contra el 26% de quienes lo hacen en el resto de la ciudad. Además, el alquiler en estos barrios populares necesariamente es de palabra, por lo que quedan excluidos de los mecanismos de protección previstos, orientados generalmente a quienes alquilan con contrato escrito.
El 35% de los hogares inquilinos con niños u otras personas que requieren cuidados tienen alta vulnerabilidad, pero si el hogar está sostenido por una mujer llega al 40%. “El contraste es muy marcado con los hogares inquilinos en los que no hay personas que requieren cuidados: en ese sector la alta vulnerabilidad se reduce al 15%”, detallaron.
Por último, el 54% de los hogares inquilinos encuestados respondió que alquila “de palabra”, sin contrato por escrito. Entre ellos, el 43% está en una situación de vulnerabilidad alta, mientras que entre quienes cuentan con contrato escrito solo un 14% registra ese nivel de riesgo habitacional, de acuerdo al infiorme.
“Una política comprometida con la situación de los hogares inquilinos debe desarrollar programas específicos que respondan a los problemas concretos y diferenciados de esa población. Si bien la obligación de pagar el alquiler supone una presión económica y habitacional en general, las mujeres jefas de hogar, migrantes, jóvenes y quienes alquilan en villas y asentamientos, requieren políticas urgentes que respondan a sus dificultades particulares”, destacó el CELS.
“Las políticas de protección de inquilinos actuales generalmente se dirigen sólo a quienes tienen un contrato escrito, mientras que, de acuerdo a la encuesta, en el AMBA más de la mitad de los inquilinos encuestades alquila con un contrato de palabra y es en este segmento donde se concentra la alta vulnerabilidad inquilina”, indicaron.
Con todo, desde el organismo recordaron que La ley de Alquileres sancionada en 2020 creó un Programa Nacional de Alquiler Social con herramientas como líneas de subsidios al alquiler, mecanismos de fiscalización, la creación de un seguro público y de instancias de resolución de conflictos. Pero, sin embargo, esas medidas no fueron implementadas.
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