En medio de un aumento significativo del delito rural en las principales zonas productivas del país, se trabaja intensamente por estas horas para determinar en Río Cuarto, Córdoba, si fue intencional o no el incendio que se generó ayer en el campo del presidente de la Sociedad Rural de dicha ciudad, David Tonello. El establecimiento está ubicado sobre la ruta 11, entre los distritos de Charras y Olaeta.
En diálogo con Infobae, el productor y dirigente confirmó que el fuego alcanzó un total de 100 hectáreas, que habían sido cosechadas con soja y maíz, y también a 100 rollos de pasto.
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“El incendio comenzó en la zona de la ruta y por el fuerte viento que había en la zona el fuego se trasladó al campo. Yo no descarto que el hecho haya sido intencional si uno observa lo que está sucediendo en nuestra provincia y en otras regiones productivas con diversos ataques a la propiedad privada”, dijo Tonello, quien confirmó que realizó la denuncia correspondiente.
El pasado lunes, Tonello junto a los integrantes de la Sociead Rural de Vicuña Mackenna, y de la Asociación de Transportistas de Achira, presentaron un recurso de amparo ante la justicia federal, para pedir la inconstitucionalidad de un decreto firmado por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que limita el tránsito interprovincial y dificulta las tareas agropecuarias que productores cordobeses realizan en la provincia puntana, en medio de la cuarentena para prevenir el coronavirus.
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Hay que recordar que tiempo atrás, en la misma provincia, pero en el distrito de Oliva, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, denunció que sufrió un incendio intencional en su campo. El fuego fue originado 30 metros adentro de un lote de maíz y quemó 5 hectáreas de trigo y 30 de maíz. La Justicia sigue investigando, sin lograr hasta el momento poder detener a los responsables.
A todo esto se suma la enorme cantidad de hechos de rotura de silobolsas en los últimos tiempos. Ayer, el director Económico de CRA, Matías Lestani, detalló que en la entidad llevan contabilizados, desde diciembre pasado y hasta la fecha, 57 silobolsas rotos, que pueden almacenar hasta 200 toneladas de soja, maíz y trigo, entre otros granos.
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La voz del gobierno
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, se refirió al aumento del delito rural en las últimas semanas. El funcionario participó ayer de la inauguración del Congreso Maizar 2020, que se realizó de manera virtual, y reunió a la cadena de maíz y sorgo.
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“Estamos preocupados y ocupados por los hechos de vandalismo que se están viendo en el campo argentino. No queremos que esto termine destruyendo el esfuerzo de nuestros productores, coartando el acceso al alimento para nuestra población y que impida el ingreso de divisas a nuestra economía”, dijo Basterra.
Y agregó: “Con mucha firmeza lo decimos: estamos haciendo una tarea organizada en contra del delito. Ahí nos van a encontrar siempre”.
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Los hechos de vandalismo y sabotaje en campos privados, con el robo de ganado, abigeato y rotura de silobolsas, han tomado estado público y generó no solo el repudio y la preocupación del sector agroindustrial y de sectores de la oposición, sino también de la ciudadanía que no necesariamente está vinculada a la actividad.
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Así, Gastón Marra, empleado oriundo de la localidad bonaerense de Pehuajó, impulsó un petitorio que ya cuenta con 18.500 firmas a través de la plataforma change.org, para que el Gobierno nacional y los estados provinciales, repudien los actos vandálicos en la propiedad privada rural y que éstos tomen medidas para combatir la problemática.
“Pedimos que desde el Ministerio de Agricultura y también desde el Ministerio de Seguridad se dé a conocer una política clara que ayude al poder judicial a investigar y encontrar a los responsables de este sistemático atropello a la propiedad privada”, indicó Marra, y agregó que “el gobierno tiene que tomar medidas concretas para comenzar a esclarecer estos hechos de sabotaje y vandalismo, implementar medidas de prevención y transmitir el mensaje político que estos delitos deben acabar porque terminan perjudicándonos a todos los argentinos”.
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