La Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica, en coordinación con la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y el Servicio Nacional de Guardacostas, logró el decomiso de 6.452 paquetes de marihuana que eran transportados en una embarcación interceptada en aguas del Pacífico Sur costarricense, a unas 40 millas náuticas al suroeste del Cabo Matapalo, en el cantón de Corredores. La operación contó además con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la información oficial, el cargamento incautado supera los 3.500 kilogramos de marihuana, lo que convierte a esta acción en uno de los decomisos más relevantes registrados en los últimos meses en la zona marítima del país. Cada uno de los paquetes tenía un peso aproximado de 550 gramos y se encontraba distribuido en el interior de la embarcación, la cual fue detectada tras labores de patrullaje e inteligencia desarrolladas por las autoridades costarricenses.
Además de la droga, los cuerpos policiales decomisaron siete estañones con combustible, cada uno con una capacidad cercana a los 200 litros, lo que evidencia que la nave estaba preparada para realizar largas travesías en altamar. Según los investigadores, este tipo de logística es común en estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes, que utilizan el Pacífico como una de las principales rutas para el traslado de droga desde Sudamérica hacia Centroamérica y Norteamérica.
El director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, explicó que el resultado del operativo fue posible gracias a un despliegue conjunto de varias unidades especializadas, así como al intercambio de información con agencias internacionales. “Tras la intervención policial, se logró la detención de tres hombres de nacionalidad colombiana, quienes viajaban a bordo de la embarcación”, indicó el jerarca.
Los sospechosos fueron identificados por las autoridades con los apellidos Cortés, Vallecillo y Carvajal. Actualmente, los tres se encuentran a la espera de la audiencia de medidas cautelares, en la que un juez determinará su situación jurídica, mientras el Ministerio Público avanza con la investigación del caso.
Según la PCD, este tipo de operaciones forman parte de una estrategia permanente de control y vigilancia marítima, enfocada en debilitar las redes de narcotráfico que operan en aguas jurisdiccionales costarricenses. El Pacífico Sur, y en particular sectores cercanos a la frontera con Panamá, es considerado un punto estratégico debido a su ubicación geográfica y a la complejidad de su litoral, lo que ha sido aprovechado históricamente por organizaciones criminales.
Las autoridades señalaron que el uso de embarcaciones de bajo perfil, grandes cantidades de combustible y tripulaciones extranjeras responde a patrones ya identificados en investigaciones previas. Estos grupos suelen intentar evadir los controles utilizando rutas marítimas alejadas de la costa y navegando durante varias jornadas consecutivas.
El decomiso también refleja el trabajo coordinado entre instituciones nacionales e internacionales, un aspecto que ha sido clave para mejorar la capacidad de respuesta frente al narcotráfico. En los últimos años, Costa Rica ha reforzado la cooperación con agencias como la DEA, especialmente en materia de inteligencia, monitoreo y seguimiento de embarcaciones sospechosas.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública destacaron que este golpe al narcotráfico no solo implica la incautación de una importante cantidad de droga, sino también la afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que el cargamento llegue a su destino final.
Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la presencia policial en aguas del Pacífico y el Caribe, así como de continuar fortaleciendo los operativos conjuntos para enfrentar el tráfico de drogas, uno de los principales desafíos en materia de seguridad para el país. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial para determinar posibles vínculos con otras estructuras criminales que operan en la región.
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