La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sigue firme en la investigación por posibles irregularidades en la Liga Femenina de Fútbol Profesional en Colombia.
En lo que podría convertirse en un caso sin precedentes para el deporte nacional, el organismo de control decidió continuar con el proceso que involucra a 29 clubes profesionales, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Dimayor y siete personas naturales.
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Mediante la Resolución 17247 del 2 de abril de 2025, la SIC ordenó la práctica de nuevas pruebas, solicitó informes detallados a los equipos implicados y fijó un cronograma de diligencias que se extenderá por varios meses.
Todo esto, como parte del expediente abierto en septiembre de 2023, que busca determinar si existió una presunta cartelización en la primera división del fútbol femenino colombiano.
La investigación sigue y se intensifica
Según reveló Gol Caracol, el auto de pruebas —que tiene 168 páginas— detalla los avances del caso y los próximos pasos que tomará la entidad.
La SIC resolvió múltiples solicitudes y programó nuevas citaciones para directivos, representantes de clubes y jugadoras reconocidas como Vanessa Córdoba, Tatiana Ariza y Catalina Usme, quienes deberán rendir testimonio.
El medio El Tiempo confirmó que también fueron requeridos documentos clave, como balances financieros, declaraciones de renta, actas de asamblea de la Dimayor y la FCF, así como contratos laborales suscritos con futbolistas desde 2017 o 2023, dependiendo del caso.
A esto se suman informes sobre los patrocinadores de la Liga Femenina y los contratos firmados con ellos entre 2023 y 2025.
Además, se solicitó a Win Sports la entrega de los datos de audiencia de las transmisiones de la liga correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, con el fin de evaluar el impacto mediático y comercial de la competición.
Las citaciones comienzan el 9 de abril y se extenderán durante mayo, junio y julio. Entre los convocados se encuentran nombres de peso en la dirigencia del fútbol colombiano:
- Carlos Mario Zuluaga, actual presidente de la Dimayor y exdirectivo de La Equidad
- Fernando Jaramillo y Jorge Enrique Vélez, expresidentes de la Dimayor
- Luis Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe
- Óscar Ignacio Martán, directivo vinculado al América de Cali
- Marcela Gómez, presidenta de Llaneros FC
- Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la FCF
La SIC también pidió a la Procuraduría General de la Nación que designe un procurador delegado para acompañar el proceso y garantizar la legalidad y transparencia de la investigación.
La indagación gira en torno a presuntas prácticas anticompetitivas entre los clubes, que habrían acordado condiciones laborales desfavorables para las futbolistas. Según las denuncias, estos acuerdos incluían:
- Limitar los salarios al mínimo legal
- Firmar contratos de solo cuatro meses al año
- Exigir participación en campañas publicitarias sin remuneración adicional
De comprobarse, estas acciones podrían constituir violaciones a las normas laborales y de libre competencia económica en el país.
Los clubes investigados
La lista de clubes bajo la lupa incluye a escuadras tradicionales como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Santa Fe, así como a otros equipos como La Equidad, Once Caldas, Tolima, Bucaramanga, Pasto, Quindío, Pereira, Real Cartagena, Unión Magdalena, Fortaleza, Chicó, Huila, Bogotá FC, Alianza Petrolera, Orsomarso, Llaneros, Envigado, Cortuluá, Cúcuta Deportivo y Patriotas.
Además, siete personas naturales fueron vinculadas directamente en la resolución, entre ellas varios exdirectivos del fútbol colombiano, que según la SIC habrían tenido un papel clave en la consolidación de las prácticas denunciadas.
Lo que viene
La resolución más reciente marca un nuevo capítulo en un caso que puede transformar las bases de la Liga Femenina en Colombia. Con el inicio de la práctica de pruebas esta semana y la recolección de nuevos testimonios, el proceso se adentra en su fase más crítica.
La SIC ya había rechazado en julio de 2024 las garantías ofrecidas por los investigados mediante la Resolución 42122, y ahora busca cerrar filas para establecer si hubo o no una estrategia sistemática para restringir los derechos laborales de las futbolistas.
La lupa sigue puesta sobre el fútbol femenino colombiano, y lo que decida la Superintendencia podría redefinir no solo la manera en que se gestiona la liga, sino también la lucha por la equidad en el deporte profesional del país.
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