Un informe del Miranda Center for Democracy, un centro de análisis con sede en Estados Unidos, sostiene que la política del entonces presidente colombiano Gustavo Petro hacia Venezuela contribuyó a reducir el costo diplomático del fraude electoral atribuido al gobierno de Nicolás Maduro tras los comicios del 28 de julio de 2024.
El documento, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy se enfoca en el efecto de decisiones diplomáticas tomadas por el Gobierno colombiano, que, según el centro de estudios, dieron margen al chavismo para sostener su posición internacional luego de que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamara la reelección de Maduro sin publicar las actas desagregadas.
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El informe cuestiona el silencio inicial y la abstención en la OEA
La investigación ubica uno de los puntos centrales en las primeras horas posteriores a la votación. Según el recuento del Miranda Center, Petro tardó cerca de 55 horas en pronunciarse públicamente sobre el proceso, mientras gobiernos como los de Brasil y Chile reclamaban la divulgación de los resultados detallados.
El organismo venezolano anunció entonces que Maduro había obtenido 51,2% de los votos, pero no difundió las actas de mesa que permitieran verificar el escrutinio. La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, divulgó copias de actas con un resultado distinto y denunció irregularidades en el proceso.
El 31 de julio de 2024, Colombia se abstuvo en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre una resolución que pedía a Caracas publicar de inmediato los resultados desagregados. La iniciativa consiguió 17 respaldos y quedó a un voto de los 18 necesarios para su aprobación.
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Para el informe, esa abstención fue una de las decisiones que redujo la presión regional sobre Maduro. El centro de estudios afirma que el apoyo colombiano, o el de alguno de los otros países que no respaldaron la resolución, habría permitido aprobar el texto.
La mediación reemplazó la exigencia de publicar las actas
Después de la votación en la OEA, los gobiernos de Colombia, Brasil y México impulsaron una posición conjunta que pidió transparencia y verificación, aunque con énfasis en el diálogo político. El Miranda Center interpreta que ese cambio de lenguaje desplazó la exigencia inmediata de exhibir las actas electorales.
El reporte denomina este patrón como un “blanqueo” institucional, una expresión con la que describe decisiones que, a su juicio, disminuyeron el aislamiento internacional del gobierno venezolano. El documento aclara que su conclusión se refiere al impacto de esas acciones y que no depende de demostrar la existencia de un plan deliberado entre los gobiernos de Petro y Maduro.
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El análisis también cita las evaluaciones del Centro Carter, que determinó que la elección venezolana no cumplió estándares internacionales de integridad electoral. La organización señaló deficiencias en la transparencia y en la publicación de resultados, mientras la oposición sostuvo que sus registros otorgaban a González una ventaja amplia sobre Maduro.
Energía, frontera y Paz Total aparecen entre las razones señaladas
El Miranda Center atribuyó la posición colombiana a tres factores. El primero es una afinidad política con el chavismo y la crítica frecuente de Petro a las sanciones de Estados Unidos como causa de la crisis venezolana.
El segundo está relacionado con la agenda energética. El informe menciona los acercamientos entre Ecopetrol y la estatal venezolana PDVSA, así como el interés de Bogotá en eventuales importaciones de gas desde Venezuela. Esos vínculos, conforme a lo expuesto en el documento, favorecían la preservación de una relación bilateral estable.
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El tercer elemento es la política de Paz Total. Venezuela participó como país garante en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ha sido señalada como zona de retaguardia de grupos armados colombianos. Para los autores, una confrontación diplomática con Caracas podía afectar los contactos destinados a esas negociaciones.
Hasta ahora, el informe no equivale a una acusación oficial del Gobierno de Estados Unidos ni a una decisión judicial contra Petro. Se trata de un análisis elaborado por una organización con sede en Washington, cuyas conclusiones reabren el debate sobre la respuesta regional ante la elección venezolana de 2024.
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