
Un juez envió a prisión el viernes 13 de noviembre a Carlos Andrés Oyola, señalado como el presunto hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en un caso que, según reportes, revelaría un intento de la administración de Gustavo Petro de permear las campañas presidenciales y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Aunque esta decisión en particular se produjo tras una investigación por supuestas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Según la Fiscalía, Oyola estaría vinculado con una red que habría alterado más de 40 calificaciones de estudiantes de pregrado y posgrado de esa institución.
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Además, el sindicado es señalado de falsificar comprobantes de pago por cerca de $35 millones relacionados con matrículas universitarias. El proceso también incluye la presunta adulteración de títulos de 19 estudiantes y del propio Oyola, que habría aprovechado para adjudicarse títulos falsos, emitidos por esta universidad.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal.
Como se mencionaba, Oyola también aparece vinculado a presuntos accesos irregulares a información clasificada, alteraciones de resultados electorales e intentos de ataques contra la Registraduría Nacional; en hechos que habrían ocurrido durante su paso por la DNI.
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El caso por el que Carlos Oyola fue enviado a la cárcel
Según la delegada del ente acusador, existió un acuerdo con “vocación de permanencia” para modificar registros académicos y financieros. La estructura contaba con operadores internos del sistema, o ‘insiders’, y los conectaba con estudiantes beneficiados por cambios irregulares en sus notas académicas.
“La Fiscalía infiere razonablemente que Carlos Andrés Oyola Tovar integró de forma consciente ese acuerdo de voluntades. Su función habría sido servir como enlace entre los operadores internos y los estudiantes o terceros que acudían a la estructura, además de obtener un beneficio académico propio”, se precisó en la audiencia.
De acuerdo con la exposición del organismo de investigación, los beneficiarios ingresaban durante un periodo determinado y luego eran reemplazados por otros, en lo que sería, según la documentación del ente acusador, “una cadena sucesiva de acuerdos dentro de la presunta estructura criminal” que operó con Oyola.
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